NUESTRAS PARROQUIAS

Buscamos unas Parroquias que sean Comunidades generadoras de vida, en ella fuimos engendrados por el Bautismo, y ella acompaña a sus hijos desde que nacen hasta que mueren. Escuela en la que nos formamos y maduramos unos con otros en la fe por la evangelización y la formación, como tarea permanente de conversión personal y comunitaria, entendida como un proceso dinámico que nunca acaba, como experiencia profunda de Dios e interiorización de la vida de Cristo (Gál 2,20; Filp 1,21). Debe ser un lugar de encuentro y vínculo de comunión, casa abierta a todos, hogar de los pobres, plataforma misionera, donde aprendemos y vivimos en libertad, fermento de nueva humanidad. Atenta a los signos de los tiempos y a las necesidades de nuestra gente


Bizitza sortzen duen Parrokia baten bila gabiltza, bertan Bataioaren bidez sortu ginen, eta gure seme-alabei jaiotzetik hil arte laguntzen diena. Katekesi eta ebanjelizazioaren fedean hezten eta heltzen garen ikastetxea da, bihurtze pertsonal eta komunitarioko etengabeko zeregin bezala, inoiz bukatzen ez den prozesu dinamiko bat bezala ulertua, Jainkoaren esperientzia sakona eta Kristoren bizitzaren barnerapen bezala (Gal 2,20; Filp 1,21). Topagune eta elkarte-lotura izan behar du, denontzat irekitako etxea, behartuen etxebizitza, plataforma misiolaria, aske ikasi eta bizitu dezakegunak, gizarte berri baten hartzigarria.


Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura

 ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) es una asociación ecuménica que reúne cristianos de todas las confesiones, para luchar por la abolición de la tortura y de la pena capital. Los cristianos nos comprometemos a luchar por un mundo sin tortura, porque esta práctica es incompatible con la dignidad humana. Es en el evangelio donde encontramos nuestra fuerza para actuar. La fe en Cristo, muerto y resucitado, nos da la fuerza de esperar y actuar para la abolición de la tortura.

 ACAT presiona a los gobiernos a través de Llamadas Urgentes

La Llamada Urgente explica primeramente la situación del país de que se trata, expone el caso concreto por el cual hemos de intervenir y después propone la carta que debe dirigirse al gobierno de aquel país. La carta se puede hacer igual que el modelo o puede ser modificada, siempre que se ponga la información que hemos recibido.

 

 

 

LLAMADA URGENTE - 7 de setiembre de 2022

MÈXICO

Tratos inhumanos y criminalización contra Kenia Hernández

La defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván se encuentra privada de libertad desde hace 20 meses en un penal de máxima seguridad, el Centro Femenil de Alta Seguridad número 16, en el estado de Morelos, sometida a un régimen carcelario restrictivo, inhumano y desproporcionado, como consecuencia de su criminalización como defensora de los derechos humanos, vulnerando sus derechos fundamentales y los de sus familiares y poniendo en peligro su vida y su integridad física, psicológica y emocional.

Kenia ha denunciado las condiciones inhumanas a que hacen frente, tanto ella como las otras mujeres presas en este penal, donde recientemente se ha registrado la muerte de tres internas por supuesto suicidio y de dos más por falta de asistencia médica; los incidentes de violencia son una constante y en distintas ocasiones estos son promovidos por las propias autoridades.

Entre las condiciones de privación de libertad denunciadas por Kenia Hernández destacan las dificultades de acceso a consultas médicas (incluida la ginecológica, a pesar de tratarse de un centro de privación de libertad para mujeres), así como restricciones en el acceso a agua potable. Además, la defensora se ve sometida a una grave situación de aislamiento, la lejanía con sus hijos impide que puedan visitarla y que solo puedan verse cada seis meses; mientras que la comunicación por medio de llamadas se ve limitada a 10 minutos cada 8 días. También hay control respecto de su correspondencia, lo que ha implicado no trasladarle insumos, ni siquiera comunicaciones de las autoridades judiciales. Tiene restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a visitas de organizaciones de derechos humanos.

Kenia Hernández es una abogada, feminista y defensora indígena amuzga, que ha participado en distintas luchas y movimientos sociales del estado de Guerrero. Es integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Desde 2020 está siendo criminalizada por la supuesta comisión de delitos de «ataques a las vías de comunicación en pandilla» y «robo con violencia con uso de arma», en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses, relacionados con actos legítimos de ejercicio del derecho a la protesta y la defensa de los derechos humanos.

En este proceso de criminalización se han abierto contra ella 7 causas penales, cinco de ámbito federal y dos del fuero común, en el estado de México. Hasta la fecha, ha sido condenada en dos de los casos, a un total de 20 años y 5 meses de cárcel. Ha emprendido dos huelgas de hambre, de dos meses de duración cada una, para denunciar el hostigamiento judicial que vive y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento, lo cual ha profundizado su condición de vulnerabilidad y riesgo.

Kenia Hernández no debe estar presa, pues ejercer el derecho a la protesta y a la defensa de los derechos humanos no es un delito; pero incluso con base en los delitos que le imputan, tampoco debería estar en un penal de máxima seguridad, donde su vida y su integridad corren peligro. Mantenerla presa allí solo puede ser interpretado como un acto arbitrario de ensañamiento contra ella y contra la defensa de los derechos humanos.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la IM-Defensoras, CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, Front Line Defenders y la Organización Mundial contra la Tortura, se pide el traslado de Kenia Hernández a otro centro penitenciario cerca de la familia, y su pronta liberación. El estado mexicano, en todos sus niveles, es responsable de la vida y la integridad de Kenia Hernández y de cualquier vulneración a sus derechos.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,75 y 0,75 euros, respectivamente).

Fax de la embajada: 914 202 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de setiembre de 2022

Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de Méjico

Palacio Nacional

Plaza de la Constitución s/n, Centro, Cuauhtémoc

06066 Ciudad de México - Mèxic

Sr. Presidente:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupan mucho las noticias que hemos recibido sobre la situación de la abogada i defensora de los Derechos Humanos Kenia Inés Hernández Montalván, encarcelada desde hace 20 meses en el Centro Femenil de Alta Seguridad número 16, en el estado de Morelos.

Resulta muy extraño que una persona con las convicciones de Kenia Inés Hernández Montalván,

tenga que ser internada en un centro de alta seguridad, sometida a un régimen muy restrictivo, con condiciones que se acercan a una clara inhumanidad. Entre las condiciones de privación de libertad denunciadas por Kenia Hernández destacan las dificultades de acceso a consultas médicas (incluida la ginecológica, a pesar de tratarse de un centro de privación de libertad para mujeres), así como restricciones en el acceso a agua potable. Está encarcelada lejos de su familia, con conversaciones familiares muy espaciadas. Tiene restricciones para las reuniones con su defensa jurídica y en las visitas de organizaciones de derechos humanos. Ha denunciado las condiciones inhumanas que sufren las mujeres presas en este penal, donde recientemente se ha registrado la muerte de tres internas por supuesto suicidio y de dos más por falta de asistencia médica; los incidentes de violencia son una constante y en ocasiones promovidos por los propios funcionarios.

Con una evidente exageración de sus actos en la lucha por los Derechos Humanos, ha sido criminalizada por una supuesta comisión de delitos de «ataques a las vías de comunicación en pandilla» y «robo con violencia con uso de arma», en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses, en actos que son un legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la defensa de los Derechos Humanos. Hasta hoy, ha sido condenada en dos casos, a un total de 20 años y 5 meses de cárcel, una pena claramente desproporcionada. Ha emprendido dos huelgas de hambre, de dos meses de duración cada una, para denunciar el hostigamiento judicial que vive y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento.

Kenia Hernández no debe estar presa, pues ejercer el derecho a la protesta y a la defensa de los Derechos Humanos no es un delito; pero incluso con base en los delitos que le imputan, tampoco debería estar en un penal de máxima seguridad, donde su vida y su integridad corren peligro. Mantenerla presa allí solo puede ser interpretado como un acto arbitrario de ensañamiento.

Por todo ello, Sr. Presidente, he de rogarle sus disposiciones para que el posible delito de los actos realizados por Kenia Inés Hernández Montalván, sea revisado por un tribunal justo e imparcial, se la traslade a un centro penitenciario acorde con la gravedad de los posibles delitos que puedan imputársele, y desaparezca el ensañamiento que su actual encarcelamiento en una prisión de alta seguridad y lejos de la familia supone.

Reciba, Sr. Presidente, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de setiembre de 2022

Sra. Embajadora de México

Carrera de San Jerónimo, 46

28014 MADRID

Sra. Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupan mucho las noticias que hemos recibido sobre la situación de la abogada i defensora de los Derechos Humanos Kenia Inés Hernández Montalván, encarcelada desde hace 20 meses en el Centro Femenil de Alta Seguridad número 16, en el estado de Morelos.

Resulta muy extraño que una persona con las convicciones de Kenia Inés Hernández Montalván,

tenga que ser internada en un centro de alta seguridad, sometida a un régimen muy restrictivo, con condiciones que se acercan a una clara inhumanidad. Entre las condiciones de privación de libertad denunciadas por Kenia Hernández destacan las dificultades de acceso a consultas médicas (incluida la ginecológica, a pesar de tratarse de un centro de privación de libertad para mujeres), así como restricciones en el acceso a agua potable. Está encarcelada lejos de su familia, con conversaciones familiares muy espaciadas. Tiene restricciones para las reuniones con su defensa jurídica y en las visitas de organizaciones de derechos humanos. Ha denunciado las condiciones inhumanas que sufren las mujeres presas en este penal, donde recientemente se ha registrado la muerte de tres internas por supuesto suicidio y de dos más por falta de asistencia médica; los incidentes de violencia son una constante y en ocasiones promovidos por los propios funcionarios.

Con una evidente exageración de sus actos en la lucha por los Derechos Humanos, ha sido criminalizada por una supuesta comisión de delitos de «ataques a las vías de comunicación en pandilla» y «robo con violencia con uso de arma», en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses, en actos que son un legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la defensa de los Derechos Humanos. Hasta hoy, ha sido condenada en dos casos, a un total de 20 años y 5 meses de cárcel, una pena desproporcionada. Ha emprendido dos huelgas de hambre, de dos meses de duración cada una, para denunciar el hostigamiento judicial que vive y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento.

Kenia Hernández no debe estar presa, pues ejercer el derecho a la protesta y a la defensa de los Derechos Humanos no es un delito; pero incluso con base en los delitos que le imputan, tampoco debería estar en un penal de máxima seguridad, donde su vida y su integridad corren peligro. Mantenerla presa allí solo puede ser interpretado como un acto arbitrario de ensañamiento.

Por todo ello, Sra. Embajadora, he de rogarle sus gestiones ante el Gobierno de la República de México, para que el posible delito de los actos realizados por Kenia Inés Hernández Montalván, sea revisado por un tribunal justo e imparcial, se la traslade a un centro penitenciario acorde con la gravedad de los posibles delitos que puedan imputársele, y desaparezca el ensañamiento que su actual encarcelamiento en una prisión de alta seguridad y lejos de la familia supone.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

 GUINEA

 

LLAMADA URGENTE - 1 de agosto de 2022

GUINEA Hay que liberar a los militantes del FNDC Oumar Sylla y Ibrahima Diallo

Hay que poner fin inmediatamente a la represión sistemática de los defensores de los derechos humanos en Guinea. El 30 de julio de 2022, Oumar Sylla y Ibrahima Diallo fueron detenidos por la junta militar que se halla actualmente en el poder en Guinea. Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, coordinador del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) y coordinador adjunto de Tournons La Page Guinea (TLP-Guinea), fue detenido en su domicilio hacia las 1h40 de la mañana. Ibrahima Diallo, coordinador de TLP-Guinea y responsable de las operaciones del FNDC, fue igualmente detenido hacia las 18h en su domicilio. Los dos militantes fueron detenidos separadamente de forma violenta por militares y gendarmes encapuchados fuertemente armados, y llevados después a un destino desconocido. El FNDC no ha dudado a calificar estas detenciones de secuestro. Durante todo el día, la familia de Oumar Sylla no estuvo informada de donde se hallaba. No fue hasta la tarde que se informó que estaba detenido el alto mando de la gendarmería, donde enseguida lo reunieron con Ibrahima Diallo, detenido por la tarde. Estas detenciones, a más de ser arbitrarias, son absolutamente ilegales, particularmente la de Oumar Sylla hecha fuera de los horarios autorizados por la ley guineana para cualquier detención. En efecto, la ley guineana prohíbe toda detención en el domicilio entre 21h y 6h de la mañana.

Ha sido la segunda vez que en el mes de julio Oumar Sylla ha sido detenido. Ya el día 5 fue interpelado mientras animaba una conferencia de prensa. Dos otros activistas, Billo Bah (TLP-Guinea) y Djanii Alpha (FNDC), fueron forzados a ir con él a la dirección central de la policía judicial (DCPJ). El tribunal de primera instancia de Dixinn los dejó libres el 8 de julio. Las movilizaciones ciudadanas exigiendo su liberación contribuyeron a ello sin ninguna duda.

Estas detenciones y persecuciones judiciales tienen lugar desde que las violencias han aparecido de nuevo en Conakry, después de la prohibición por las autoridades de una serie de concentraciones organizadas por el FNDC a partir del 23 de junio para denunciar la gestión unilateral de la transición por la junta militar. En ocasión de la última concentración del 28 de julio, las fuerzas del orden informaron de 12 heridos en sus filas y la interpelación de 85 personas. Según el FNDC, cuatro personas murieron y muchas otras fueron heridas de bala, 5 de las cuales se hallan actualmente en situación crítica. La violenta represión del régimen tiene como objetivo hacer callar a cualquier voz discordante y desanimar los ciudadanos a movilizarse.

Estas nuevas detenciones son un golpe duro a la libertad de concentración pacífica y a la libertad de expresión en Guinea. Nuestras organizaciones recuerdan que la prohibición de todas las concentraciones anunciada el 13 de mayo de 2022 por el Comité Nacional de la Concentración para el Desarrollo (CNRD) «hasta los períodos de campañas electorales» es contraria al derecho internacional, especialmente al Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos y a la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, firmados por Guinea. También contradice igualmente la Carta de la Transición querida por el CNRD y firmada el 27 de setiembre de 2021 por el jefe del Estado, ya que su artículo 34 estipula que «las libertades de asociación, de reunión, de prensa y de publicación están garantizadas».

Después de estos hechos, el FNDC se reunió con el Presidente en ejercicio de la Conferencia de los Jefes de Estado de la CEDEAO, Su Excelencia Umaro Sisoco Embalo, el 29 de julio. El FNDC accedió entonces a la petición de la CEDEAO de suspender las manifestaciones durante una semana, a fin de permitir una salida favorable a la salida de esta crisis a través de la mediación.

La detención de Oumar Sylla y Ibrahima Diallo, al igual que el acoso a los activistas del FNDC por el CNRD, compromete el establecimiento y el éxito de este proceso de mediación.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,75 y 1,65 euros)

Fax de la embajada en Paris: (+33) 1 47.04.57.65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de agosto de 2022

LLAMADA URGENTE EUROPEA - mes de julio de 2022

POLONIA

Respeto de los compromisos humanitarios internacionales para todos los migrantes

Polonia ha acogido generosamente centenares de miles de ucranianos después de la invasión rusa comenzada el 24 de febrero de 2022. Pero esta acogida sin condiciones, no se ha aplicado a las numerosas personas migrantes que viajan en destino, o a través, de Polonia en el su periplo.

Desde siglos, la historia nacional de Polonia ha estado casi permanentemente marcada por la relación con Rusia. Forma parte de todos aquellos países que alertan la sociedad internacional sobre la manera geopolítica de actuar de Rusia y la amenaza creciente que les supone desde hace muchos años. Polonia ha sido lógicamente uno de los primeros países en reclamar un apoyo sin fallos al pueblo ucraniano, víctima de una invasión asesina desde el 24 de febrero de 2022, de la cual el único responsable es Rusia. En un importante gesto de generosidad, Polonia abrió sus fronteras a cerca de 1.200.000 ucranianos que han podido después refugiarse en diferentes países europeos gracias a la libertad de circulación prevista en el espacio Schengen.

Al lado de esta solidaridad, Polonia ha anunciado haber acabado la construcción de un muro de 186 km de largo en la frontera con Bielorrusia el 30 de junio de 2022. Desde hace años, el país lleva a cabo políticas de rechazo de personas migrantes procedentes de África o de países del Medio Oriente víctimas de conflictos. Se las discrimina a partir de su origen nacional o étnico y, a veces, son expulsadas fuera del territorio polonés. No obstante, Polonia ha de respetar diferentes obligaciones y compromisos a nivel internacional y regional, referentes a la protección de estas personas. Especialmente, Polonia es parte de la Convenció de Genève de 1951 relativa al estatuto de los refugiados y su protocolo de 1967, la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH) y la Convención Europea para la Prevención de la Tortura (CEPT).

Instrumentalizada en la escena política interior, la cuestión de la migración ha llevado Polonia a ponerse al margen de sus homólogos europeos, principalmente al rechazar tomar parte en el reparto de personas que piden asilo entre los diferentes países de la Unión Europea, decidido en 2015 en el momento de la crisis de la acogida europea. En una resolución del 2 de abril de 2020, el Tribunal de Justicia Europeo ha reconocido así que Polonia había faltado a sus obligaciones en el marco de las decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601. En reacción a los fuertes movimientos de población originados por las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a su vecino bielorruso, el parlamento polonés ha impuesto el estado de urgencia en la zona fronteriza y ha institucionalizado la práctica de la devolución directa. En total ruptura con el principio fundamental de no-devolución, en el corazón de la Convención de Genève de 1951 y que ha adquirido valor de derecho consuetudinario, el Parlamento polonés ha votado una ley legalizando la devolución en la frontera de personas en situación de migrante, y la posibilidad de rechazar el examen de peticiones de asilo formuladas por personas entradas ilegalmente en el territorio.

En la carta de intercesión, se pide al presidente de Polonia que quiera velar para que su país respete sus compromisos y obligaciones internacionales. Por otra parte, se recuerda que más allá de las violaciones de los derechos humanos de las personas afectadas, la actitud de Polonia va contra la dignidad humana y de la no-discriminación, dos objetivos perseguidos por las Naciones Unidas. De hecho, tales políticas pueden ser consideradas como un freno a los objetivos y compromisos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de la cual es parte Polonia.

Fuentes: BBC, Euractiv, Eur-Lex, Human Rights Watch, ACAT Italie, ACAT Allemagne, FIACAT

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,65 y 0,75 euros).

Fax de la embajada en Madrid: 913 769 572

 

 

 

RUANDA

Alegaciones de tortura sobre un activista ruandés

Aimable Karasira declaró, el 30 de mayo de 2022, ante la justicia ruandesa que había sido objeto de torturas dentro de la prisión de Nyarugenge. También ha indicado que otros detenidos considerados como disidentes eran objeto de un trato parecido por parte de las autoridades penitenciarias. A pesar de que Aimable Karasira informó al tribunal de quienes serían responsables de estos hechos, todavía no se ha ordenado ninguna investigación creíble y transparente sobre estas denuncias. Ante esto, la Unión Europea y las ACAT han de enterarse de la situación y procurar que las autoridades ruandesas respeten los derechos y no admitan la tortura.

 

Aimable Karasira, de 41 años, es un antiguo profesor de tecnología de la información y de la comunicación en la Universidad de Ruanda, muchas entrevistas en vídeos del cual están presentes en YouTube, especialmente en su cadena en kinyaruanda denominada «Ukuri Mbona, la verdad que yo quiero», en la cual critica las autoridades ruandesas en varios temas, pero muchas veces, sobre los crímenes perpetrados por los soldados del Frente Patriótico Ruandés (FPR). Después de meses de acoso para hacerlo callar, fue finalmente detenido el 31 de mayo de 2021 e interrogado por «negación y justificación del genocidio» y por «divisionismo».  

 

En Ruanda, las leyes sobre «ideología del genocidio», destinadas a prevenir y a sancionar los discursos de odio, son instrumentalizadas regularmente por las autoridades para reducir al silencio los que desean evocar crímenes cometidos por el FPR o poner en causa el discurso oficial sobre el genocidio, incluidos sobrevivientes del genocidio de 1994, como es el caso de Aimable Karasira.

 

El contexto

 

Al menos dos periodistas, tres comentadores y dieciséis militantes de la oposición están encarcelados por denunciar abusos recientes de les fuerzas de defensa y seguridad ruandesas o por haber criticado el FPR y su balance en materia de derechos humanos. La mayoría de estas personas han sido condenadas en procesos políticos. El proceso de Aimable Karasira está en curso.

 

Aimable Karasira, un militante acosado por su libertad de expresión

 

Antes de ser detenido el 31 de mayo de 2021, Aimable Karasira fue víctima de un acoso continuo por presentar en YouTube vídeos críticos, evocando la historia de su familia y el genocidio. En julio de 2020, el ministro ruandés de la Cultura y la Juventud, Edouard Bamporiki, lo criticó directamente en las redes sociales afirmando que no debería seguir autorizado para enseñar. El  14 de agosto de 2020, Aimable Karasira fue despedido de la Universidad de Ruanda por «indisciplina». En setiembre de 2020, la policía lo amenazó con detenerlo después de una entrevista hecha a Fred Barafinda Sekikubo, un antiguo candidato a la presidencia crítico del gobierno. El 8 de diciembre de 2020, Aimable Karasira fue llamado al Ruanda Investigation Bureau (RIB), donde le intimaron la orden de no hablar más del genocidio. El 30 de mayo, el día antes de su detención, publicó un vídeo en el cual daba detalles sobre la historia de su familia, afirmando que su madre habría sido asesinada por el FPR en 1994 después del genocidio porque había sido testigo de sus crímenes. No pudiendo hacerlo callar, lo detuvieron y actualmente está en espera de ser juzgado, acusado de «negación y justificación del genocidio» y de «divisionismo». Las noticies que se tienen por ahora, no llevan a esperar que el juicio acabe siendo justo. El 16 de febrero, su abogado declaró al tribunal que guardas de la prisión habían interceptado comunicaciones cubiertas por el secreto profesional entre él y su cliente. El 30 de mayo, Aimable Karasira indicó al tribunal que los guardas de la cárcel le habían impedido acceder a documentos necesarios para la preparación de su proceso con la excusa de que no tenían relación con él.

 

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,75 y 1,65 euros).

Fax de la embajada en Kigali: (250)252 585 734  -  Fax de la embajada en Paris: (33)171 199 195

                                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . . .  de junio de 2022

 

 

 

 

 

S. E. Sr. Nicola Bellomo

Embajador de la Unión Europea

KG 7 Ave, Aurore Building

Post Box 515 Kacyiru, KIGALI

Ruanda

 

 

 

 

Sr. Embajador:

 

 

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupan mucho las alegaciones de tortura que el detenido Aimable Karasira ha presentado ante la justicia de su país. Este antiguo profesor de la Universidad de Ruanda, conocido por sus entrevistas críticas contra autoridades ruandesas presentadas en YouTube, está encarcelado desde el 31 de mayo de 2021 por «negación y justificación del genocidio y divisionismo».

 

El 30 de mayo de 2022, afirmó ante el tribunal que había sido objeto de torturas en el seno de la prisión de Nyarugenge. También ha acusado las autoridades penitenciarias de varias otras violaciones de los derechos y ha indicado que otros detenidos considerados como disidentes eren también objeto de tal tratamiento.

 

Ante las alegaciones de torturas contra Aimable Karasira, detenido por haber criticado el Frente Patriótico Ruandés (FPR) y su balance en materia de los Derechos Humanos, la Unión Europea no puede mantenerse en silencio sobre hechos que, si son probados, violan los valores y principios de cooperación que rigen nuestras relaciones con Ruanda y sus autoridades.

 

Le pido pues, Sr. Embajador, que quiera exhortar las autoridades ruandesas a:

         respetar la integridad física y psicológica de Aimable Karasira, así como todos sus otros derechos, especialmente el derecho a un juicio justo;

         respetar su derecho a la libertad de expresión;

         abrir una investigación clara, exhaustiva y creíble sobre las alegaciones de tortura a Aimable Karasira;

         liberar, inmediatamente y sin condiciones, las personas encarceladas por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión.

 

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

 

 

 

Firma:

 

 

 

Nombre:

 

 

 

Dirección:

                                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . . .  de junio de 2022

 

 

 

 

 

 

Sr. Embajador de Ruanda

12, rue Jadin

75017  PARIS

França

 

 

 

Sr. Embajador:

 

 

 

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupan mucho las alegaciones de tortura que el detenido Aimable Karasira ha presentado ante la justicia de su país. Este antiguo profesor de la Universidad de Ruanda, conocido por sus entrevistas críticas contra autoridades ruandesas presentadas en YouTube, está encarcelado desde el 31 de mayo de 2021 por «negación y justificación del genocidio y divisionismo».

 

El 30 de mayo de 2022, afirmó ante el tribunal que había sido objeto de torturas en el seno de la prisión de Nyarugenge. También ha acusado las autoridades penitenciarias de varias otras violaciones de los derechos y ha indicado que otros detenidos considerados como disidentes eren también objeto de tal tratamiento.

 

Ante las alegaciones de torturas contra Aimable Karasira, detenido por haber criticado el Frente Patriótico Ruandés (FPR) y su balance en materia de los Derechos Humanos, no podemos mantenernos en silencio sobre hechos como la antihumana tortura que, si son probados, violarían los valores y principios de cooperación entre todos los hombres que rigen nuestras relaciones.

 

Le pido pues, Sr. Embajador, que quiera exhortar las autoridades ruandesas a:

         respetar la integridad física y psicológica de Aimable Karasira, así como todos sus otros derechos, especialmente el derecho a un juicio justo;

         respetar su derecho a la libertad de expresión;

         abrir una investigación clara, exhaustiva y creíble sobre las alegaciones de tortura a Aimable Karasira;

         liberar, inmediatamente y sin condiciones, las persones encarceladas por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión.

 

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

 

 

 

Firma:

 

 

 

Nombre:

 

 

 

Dirección:

 

LLAMADA URGENTE - 16 de junio de 2022

VIETNAM

Nguyen Van Hoa, con la salud en peligro, ha de ser liberado inmediatamente sin condiciones

Nguyen Van Hoa está detenido arbitrariamente desde hace más de cinco años. En 2016, la empresa Formosa arrojó toneladas de residuos tóxicos al mar, origen de una catástrofe que afectó centenares de miles de personas. Ello dio lugar a manifestaciones pacíficas en el exterior de los locales de esta empresa, que Hoa filmó, permitiendo que se conociera este escándalo. Su familia informa que, recientemente, su estado de salud se ha degradado.

Nguyen Van Hoa es un periodista, bloguero y defensor de los derechos humanos por el cual la ACAT-Francia se moviliza. Fue detenido arbitrariamente el 11 de enero de 2017 por la policía de la provincia de Ha Tinh y fue condenado a siete años de cárcel más otros tres de asignación a residencia en un proceso secreto y sin representación legal. Durante este procedimiento arbitrario, fue sometido a tortura y maltratos, por los cuales presentó denuncia ante las autoridades vietnamitas. Actualmente está en la cárcel An Diem, distrito de Dai loc, provincia de Quang Nam.

Una violación del derecho a un proceso justo

Al día de hoy, la familia de Nguyen Van Hoa, que no pudo visitarlo en todo el año 2021 por las restricciones de la situación sanitaria, indica que no tuvo nunca acceso a un abogado desde su detención, cosa que viola las reglas de un proceso justo y pone en causa la validez del conjunto del procedimiento judicial contra él. Hace tiempo que expertos de las Naciones Unidas han denunciado ya la iniquidad de su procedimiento judicial y su carácter arbitrario, por vía de las comunicaciones de informadores especiales a las autoridades vietnamitas, las cuales han rehusado admitir cualquier violación cometida en todo el procedimiento, a pesar de los elementos creíbles que los establecen.

Una degradación inquietante de su estado de salud

La familia de Nguyen Van Hoa, que lo visita regularmente, alerta sobre su estado de salud desde final del 2021. Padece fuertes dolores de cabeza que no lo dejan dormir, tiene fiebre, reacciones epidérmicas y dolores en el hígado que dejan pensar que puede tener un tumor. El 8 de abril de 2022 pidió que las autoridades le autorizaran un examen médico en el hospital, que hasta hoy ha sido denegado, arguyendo que se puede hacer en la unidad médica de la cárcel. Pero las consultas que le han hecho no han sido suficientes para mejorar su estado o establecer un diagnóstico claro. Por todo esto, se pide la liberación inmediata y sin condiciones de Nguyen Van Hoa.

La urgencia de la causa medioambiental en Vietnam, después de la catástrofe de Formosa

Los hechos desencadenados por Formosa en abril de 2016 que Nguyen Van Hoa contribuyó a dar a conocer, han generado una de las peores crisis medioambientales y sanitarias que Vietnam haya conocido. Los estudios han revelado cifras inquietantes, ilustrando la importancia y la urgencia de las cuestiones medioambientales en el país. En 2016, la Organización Mundial de la Salud contabilizó más de 60.000 muertes relacionadas con la polución. En 2017, un informe de la ONG Ocean Conservacy señaló el Vietnam como uno de los cinco países asiáticos que lanzan más plásticos a los océanos, más que todos los otros países del mundo juntos.

El derecho a un medio ambiente limpio, sano y durable está protegido por el art. 43 de la constitución vietnamita. También ha sido reconocido por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como una parte importante del gozo de los derechos humanos, por una resolución de 8 de octubre de 2021. Pero este derecho a conocer la realidad medioambiental, como la verdad sobre el caso Formosa que Nguyen Van Hoa ayudó a divulgar, no se respeta.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,75 y 0,75 euros).

Fax de la embajada en Madrid: 91 415 70 67.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . juin 2022

Ambassade de France à Hanoï

57, rue Tran Hung Dao

Hanoï

Viêtnam

Monsieur l’Ambassadeur:

Je tiens à vous faire part de ma vive inquiétude quant au sort de Nguyen Van Hoa. Il est un journaliste, blogueur et défenseur des Droits Humains qui est détenu arbitrairement depuis le 11 janvier 2017 dans la prison de An Diem, du district de Dai loc, de la province de Quang Nam.

En 2016, afin de informer ses concitoyens, il avait simplement filmé des manifestations pacifiques a l’extérieur des locaux de l’entreprise Formosa, qui avait déversé des tonnes de déchets toxiques dans la mer, a l’origine de une des pires catastrophes environnementales et sanitaires du Vietnam qui a affecté des centaines de milliers de personnes. Sa famille fait savoir que, récemment, son état de santé s’est dégradé.

A ce jour, sa situation nécessite un examen a l’hôpital, que les autorités pénitentiaires lui ont refusé. En outre, il n’a jamais eu accès a un avocat, et ce dès son arrestation, ce qui viole les règles du procès équitable et remet en cause la validité de l’ensemble de la procédure judiciaire a son encontre. Enfin, sa famille regrette également qu’il n’ait toujours pas reçu de visites de représentants étatiques permettant de s’assurer que ses conditions de détention soient dignes.

Dans ces circonstances, je vous demande instamment, Monsieur l’Ambassadeur, de bien vouloir intervenir auprès des autorités concernées pour que:

• qu’un bilan de santé indépendant soit pratiqué au plus vite afin que son état physique au moment de quitter la prison soit documenté avec précision ;

• que Nguyen Van Hoa puise recevoir les soins que son état rend nécessaire ;

• Nguyen Van Hoa soit libéré immédiatement et sans conditions, de autant que sa condamnation ne peut être maintenue en raison des conditions dans lesquelles elle a été prononcée.

Je vous prie de agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma parfaite considération.

Signature:

Nom:

Adresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de junio de 2022

Sr. Embajador de la República Socialista del Vietnam

Alfonso XIII, 54

28002 MADRID

Sr. Embajador:

He de hacerle conocer mi viva inquietud por la situación de Nguyen Van Hoa. És un periodista, bloguero y defensor de los Derechos Humanos que está detenido arbitrariamente desde el 11 de enero de 2017 en la cárcel de An Diem, del distrito de Dai loc, de la provincia de Quang Nam.

En 2016, a fin de informar a sus conciudadanos, simplemente filmó las manifestaciones pacíficas que tenían lugar en el exterior de los locales de la empresa Formosa, que había lanzado toneladas de residuos tóxicos al mar, origen de una de las peores catástrofes medioambientales y sanitarias del Vietnam y que afectó centenares de miles de personas. Su familia ha hecho saber que, recientemente, su estado de salud se ha degradado.

Al día de hoy, su situación necesita un examen médico en el hospital, que las autoridades penitenciarias le han denegado. Por otra parte, no ha tenido nunca acceso a un abogado, y esto desde su detención, cosa que viola las regles de un proceso equitativo y pone en causa la validez del conjunto de todo el procedimiento judicial contra él. Finalmente, su familia lamenta igualmente que no haya recibido nunca visitas de representantes del estado que permitieran asegurar que sus condiciones de detención fueran dignas.

En estas circunstancias, le pido insistentemente, Sr. Embajador, que quiera intervenir ante las autoridades correspondientes del gobierno de la República Socialista de Vietnam para que quiera ordenar:

• que se lleve a cabo lo más pronto posible un balance completo e independiente sobre el estado de salud de Nguyen Van Hoa, a fin de que su estado físico al salir de la prisión pueda ser documentado con precisión;

• que Nguyen Van Hoa reciba la atención médica que su estado de salud hace necesaria;

• que Nguyen Van Hoa sea puesto en libertad inmediatamente y sin condiciones, ya que su condena no puede considerarse válida a causa de las deficiencias procesales con las cuales fue pronunciada.

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre:

Dirección:

 

 

 

 

 

LLAMADA URGENTE EUROPEA - mes de mayo de 2022

TOGO

Encarcelamiento en condiciones difíciles

Jean-Paul Oumolou está detenido en Lomé, la capital de Togo, a causa de sus actividades militantes. Aunque se encuentra en un estado de salud física frágil, no dispone de la atención médica suficiente.

El 3 de enero de 2022, la Comunidad Togolesa en Suiza (CTS) informó a la ACAT-Suiza del encarcelamiento en Togo de Jean-Paul Oumolou, domiciliado en Suiza desde hace 16 años. La ACAT-Suiza pidió la ayuda de la ACAT-Togo, la cual le confirmó tener conocimiento de este hecho. El 15 de marzo de 2022, las dos asociaciones escribieron al ministro de Justicia de Togo, M. Pius Kokouvi AGBETOMEY, pidiéndole la puesta en libertad de Jean-Paul Oumolou y, subsidiariamente la posibilidad para este último de consultar un médico, sin obtener respuesta alguna.

Jean-Paul Oumolou habría sido detenido el 4 de noviembre de 2021 por una unidad de gendarmes mientras estaba en tránsito en Lomé. Estuvo detenido en los locales del Servicio Central de Búsquedas e Investigaciones Criminales (SCRIC), antes de ser transferido a la antigua dirección de la gendarmería nacional.

Según indica Edem A. Oumolou, hermano del interesado, Jean-Paul Oumolou habría sido objeto de malos tratos. Especialmente, habría sido apalizado con golpes en el momento de su detención y habría acabado con una herida grave en un ojo. Sufriendo diferentes afecciones durante los días siguientes, tuvo que esperar diez días para que fuera autorizado a ver a un médico. Gravemente enfermo, no habría obtenido ninguna visita médica después del mes de diciembre de 2021. Sufre actualmente de dolores en el pecho en forma de ardores, de sensaciones de calor por todo el cuerpo, de dolor en los ojos, falta de apetito, así como de severos dolores abdominales.

En paralelo a estos hechos, el hermano del interesado, Edem A. Oumolou, presentó una denuncia el 29 de diciembre de 2021 ante el Procurador de la República contra el capitán MGBALE del SCRIC, que lo habría amenazado con detenerlo por difusión de noticias falsas sobre su hermano.

No es la primera vez que se detiene a Jean-Paul Oumolou por motivos que parecen estar estrechamente relacionados con sus actividades militantes. El 20 de diciembre de 2004, había ya sido encarcelado por haberse manifestado en el campus de la Universidad de Lomé, antes de ser liberado el 11 de febrero de 2005 con la ayuda de organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos contactadas, entre ellas la ACAT-Suiza.

En la carta de intercesión que proponemos, se pide al ministro de Justicia la liberación de Jean-Paul Oumolou; alternativamente, asegurar que se le ofrece la asistencia médica que necesita y, finalmente, que se proteja la libertad y la salud de Edem A. Oumolou, el hermano de Jean-Paul Oumolou. Además, se recuerda al ministro de Justicia que Togo es un estado parte del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos y que ha de respetar el Conjunto de Reglas Mínimas para el Trato de los Detenidos (Reglas Mandela), los cuales protegen los derechos de Jean-Paul y Edem Oumolou.

Fuentes : CTS, Edem A. Oumolou, ACAT-Togo

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,75 y 1,65 euros).

Fax de la embajada: 33 143 80 06 05

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de mayo de 2022

Ministro de Justicia

M. Pius Kokouvi AGBETOMEY

Rue Yoti derrière le Palais de la Justice

BP 3193 - LOMÉ

TOGO

Sr. Ministro:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención del ciudadano togolés Jean-Paul Oumolou, domiciliado desde hace 16 años en Suiza.

Jean-Paul Oumolou habría sido detenido el 4 de noviembre de 2021 mientras se encontraba en tránsito en Lomé. Aparentemente apalizado en el momento de la detención, se encontraría herido gravemente en un ojo. Sufriendo diferentes males, no fue hasta al cabo de 10 días que fue autorizado a consultar un médico. Gravemente enfermo, no habría tenido acceso a una atención médica suficiente desde el mes de diciembre de 2021. Padece actualmente de dolores torácicos, de sensaciones de calor por todo el cuerpo, de dolores en un ojo, de falta de apetito y de dolores abdominales severos.

No es la primera vez que Jean-Paul Oumolou ha sido detenido por acusaciones que parecen estar ligadas estrechamente a sus actividades militantes. El 20 de diciembre de 2004 ya fue encarcelado por haberse manifestado en el campus de la Universidad de Lomé, antes de ser liberado el 11 de febrero de 2005 con la ayuda de diferentes organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los Derechos Humanos, entre ellas la ACAT-Suiza.

Paralelamente con estos hechos, el hermano del interesado, Edem A. Oumolou presentó el 29 de diciembre de 2021, una denuncia ante el Procurador de la República contra el capitán MGBALE del SCRIC, que lo habría amenazado con detenerlo por difusión de noticias falsas sobre su hermano.

A fin de proteger la libertad y la salud de Jean-Paul Oumolou, le exhorto, pues, a:

• ordenar la puesta en libertad de Jean-Paul Oumolou;

• subsidiariamente, hacer que Jean-Paul Oumolou tenga acceso a la atención médica todas las veces que la necesite, y

• finalmente, velar para que la libertad y la seguridad de Edem A. Oumolou, el hermano de Jean-Paul Oumolou, estén garantizadas.

En tanto que estado miembro de las Naciones Unidas, Togo ha ratificado el Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos y las normas fijadas por las Reglas Mínimas para el Trato de los Detenidos (reglas Nelson Mandela). Estos textos protegen los derechos de Jean-Paul Oumolou y su hermano Edem y han de ser respetados por Togo.

Reciba, Sr. Ministro, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de mayo de 2022

Sr. Embajador de la República de Togo

8. rue Alfred-Roll

75017 – PARIS

Francia

Sr. Embajador:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención del ciudadano togolés Jean-Paul Oumolou, domiciliado desde hace 16 años en Suiza.

Jean-Paul Oumolou habría sido detenido el 4 de noviembre de 2021 mientras se encontraba en tránsito en Lomé. Aparentemente apalizado en el momento de la detención, se encontraría herido gravemente en un ojo. Sufriendo diferentes males, no fue hasta al cabo de 10 días que fue autorizado a consultar un médico. Gravemente enfermo, no habría tenido acceso a una atención médica suficiente desde el mes de diciembre de 2021. Padece actualmente de dolores torácicos, de sensaciones de calor por todo el cuerpo, de dolores en un ojo, de falta de apetito y de dolores abdominales severos.

No es la primera vez que Jean-Paul Oumolou ha sido detenido por acusaciones que parecen estar ligadas estrechamente a sus actividades militantes. El 20 de diciembre de 2004 ya fue encarcelado por haberse manifestado en el campus de la Universidad de Lomé, antes de ser liberado el 11 de febrero de 2005 con la ayuda de diferentes organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los Derechos Humanos, entre ellas la ACAT-Suiza.

Paralelamente con estos hechos, el hermano del interesado, Edem A. Oumolou presentó el 29 de diciembre de 2021, una denuncia ante el Procurador de la República contra el capitán MGBALE del SCRIC, que lo habría amenazado con detenerlo por difusión de noticias falsas sobre su hermano.

A fin de proteger la libertad y la salud de Jean-Paul Oumolou y su hermano Edem A., le pido sus gestiones ante el gobierno de la República de Togo para que quiera:

• ordenar la puesta en libertad de Jean-Paul Oumolou;

• subsidiariamente, hacer que Jean-Paul Oumolou tenga acceso a la atención médica todas las veces que la necesite, y

• finalmente, velar para que la libertad y la seguridad de Edem A. Oumolou, el hermano de Jean-Paul Oumolou, estén garantizadas.

En tanto que estado miembro de las Naciones Unidas, Togo ha ratificado el Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos y las normas fijadas por las Reglas Mínimas para el Trato de los Detenidos (reglas Nelson Mandela). Estos textos protegen los derechos de Jean-Paul Oumolou y su hermano Edem y han de ser respetados por Togo.

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

 

 

 

LLAMADA URGENTE - 24 de marzo de 2022

MÉJICO

6 meses después de una opinión del grupo de trabajo de las N. U. sobre la detención arbitraria, Méjico tendría que liberar a Marcelino Ruiz y Germán y Abraham López

En el estado de Chiapas, tres detenidos de la comunidad indígena tzotzil son víctimas desde hace años de un proceso injusto. A pesar de demanda de liberación emitida por el grupo de trabajo de las N. U. sobre la detención arbitraria, les autoridades mejicanas continúan teniéndolos en la cárcel.

Hace ya seis meses que el grupo de trabajo se pronunció sobre la detención de cinco miembros de la comunidad tzotzil calificándola de arbitraria. En su aviso, el grupo de trabajo pide la liberación inmediata de cuatro de ellos y el respeto, para todos cinco, de su derecho a una reparación, después de tantos años detenidos. Después, dos de ellos, Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz, fueron liberados. No obstante, Marcelino Ruiz Gómez, y Germán y Abraham López Montejo continúan encarcelados. Los tres fueron detenidos sin que se les presentara una orden de detención, torturados, y forzados a declararse culpables de crímenes que no habían cometido. Todo el procedimiento se hizo en español, una lengua que no conocen.

Marcelino Ruiz Gómez fue detenido hace 20 años, el 5 de febrero de 2002. Esposado y con los ojos vendados, lo torturaron física y psicológicamente durante tres días. Después lo forzaron a firmar una autoincriminación. Solo después de una semana de detención pudo tener acceso a un abogado. El proceso tuvo muchas irregularidades, especialmente la falta de traductor, siendo imposible la comprensión del proceso por Marcelino. Lo condenaron a 25 años de cárcel por homicidio agravado y está en riesgo de una pena adicional de 8 años de cárcel en otro procedimiento.

Los hermanos Germán y Abraham López Montejo fueron detenidos años más tarde, el 17 de enero de 2011 también sin orden de detención. Las técnicas son parecidas. Fueron torturados durante dos días, hasta el extremo que Abraham no pudo ponerse en pie hasta después de quince días. Fueron obligados, bajo amenazas de muerte, a confesarse autores de un asesinato. Como Marcelino, no pudieron comprender los procesos penales, que se hicieron en español, sin traductor a su lengua. Los 20 y 21 de agosto de 2019 los condenaron a un total de 75 años de cárcel.

En setiembre de 2021, el grupo de trabajo de las N.U. sobre la detención arbitraria calificó la detención de Marcelino, Germán y Abraham de arbitraria, pidiendo su liberación inmediata y el respeto de su derecho a obtener una reparación. Seis meses después de la publicación de la opinión, el gobierno mejicano no ha dado respuesta. Marcelino, Germán y Abraham siguen encarcelados y continúan clamando su inocencia, diez y veinte años después de los hechos.

La tortura como primer método de investigación

En Méjico se ha desarrollado una verdadera cultura de la auto-confesión. En vez de una investigación diligente, muchas veces se fuerza una auto-confesión a base de tortura, ante la cual importa poco la implicación o no de las personas interrogadas. Por esto, personas inocentes se ven arbitrariamente detenidas y acusadas sin más pruebas contra ellas que su auto-confesión. En muchos casos, sobretodo de personas indígenas que no saben expresarse en español, son amenazadas y humilladas por su identidad, lengua, apariencia o manera de vestir. A más, muchas veces se prescinde del traductor, dejando al acusado sin poder aclarar un posible malentendido.

Se ha constatado que algunos de estos casos de auto-confesiones a través de torturas, se han producido en colusión con grupos criminales, a través de autoridades que han conseguido ser nombradas en algunas comunidades, de manera que algunas personas inocentes quedan encarceladas para que los autores de los crímenes sigan libres.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,75 y 0,75 euros).

Fax de la embajada en Madrid: 914 202 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de abril de 2022

Sr. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Presidente del Consejo de la Judicatura Federal (o sucesor/a)

Edificio Sede Insurgentes Sur 2417, Insurgentes Sur 2417

01000 Delegación Álvaro Obregón, México D. F.

MÉJICO

Sr. Presidente:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la situación de Marcelino Ruiz Gómez y los dos hermanos Germán y Abraham López Montejo, miembros de la comunidad indígena tzotzil de Chiapas.

Marcelino Ruiz Gómez fue detenido hace veinte años, el 5 de febrero de 2002, sin orden de detención. Por medio de torturas durante tres días lo forzaron a firmar una declaración de auto-incriminación. Solo después de una semana de detención pudo tener acceso a un abogado. Su proceso tuvo muchas irregularidades, como la falta de traductor, siendo imposible la comprensión del proceso por Marcelino. Lo condenaron a 25 años de cárcel por homicidio. Se declara inocente.

Los hermanos Germán y Abraham López Montejo fueron detenidos años más tarde, el 17 de enero de 2011, también sin orden de detención. Igual que Marcelino, fueron torturados durante dos días, hasta el extremo de que Abraham no pudo ponerse en pie hasta después de quince días. Fueron obligados, bajo amenazas de muerte, a confesarse autores de un asesinato. Como Marcelino, no pudieron comprender los procesos, hechos en español, sin traductor. Los 20 y 21 de agosto de 2019 los condenaron a un total de 75 años de cárcel. También se declaran inocentes.

A pesar de la petición de liberación inmediata por arbitrariedad del encarcelamiento, emitida en setiembre de 2021 por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, los tres continúan encarcelados. Sería muy triste que todos los años de encarcelamiento que vienen soportando estas tres personas, tuvieran como causa una investigación deficiente de la policía o la intención de ocultar los autores reales de los homicidios.

A la vista de todo esto le pido, Sr. Presidente, su intervención para que:

• Marcelino Ruiz Gómez y Germán y Abraham López Montejo sean liberados inmediatamente, conforme a la resolución del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria;

• se otorgue a Marcelino Ruiz Gómez y Germán y Abraham López Montejo una reparación por los muchos años pasados arbitrariamente en la cárcel, y

• se lleve a cabo una investigación imparcial para que las personas implicadas en las arbitrariedades citadas puedan responder de sus actos.

Reciba, Sr. Presidente, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de abril de 2022

Sra. Embajadora de los Estados Unidos Mejicanos

Carrera de San Jerónimo, 46

28014 – MADRID

Sra. Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la situación de Marcelino Ruiz Gómez y los dos hermanos Germán y Abraham López Montejo, miembros de la comunidad indígena tzotzil de Chiapas.

Marcelino Ruiz Gómez fue detenido hace veinte años, el 5 de febrero de 2002, sin orden de detención. Por medio de torturas durante tres días lo forzaron a firmar una declaración de auto-incriminación. Solo después de una semana de detención pudo tener acceso a un abogado. Su proceso tuvo muchas irregularidades, como la falta de traductor, siendo imposible la comprensión del proceso por Marcelino. Lo condenaron a 25 años de cárcel por homicidio. Se declara inocente.

Los hermanos Germán y Abraham López Montejo fueron detenidos años más tarde, el 17 de enero de 2011, también sin orden de detención. Igual que Marcelino, fueron torturados durante dos días, hasta el extremo de que Abraham no pudo ponerse en pie hasta después de quince días. Fueron obligados, bajo amenazas de muerte, a confesarse autores de un asesinato. Como Marcelino, no pudieron comprender los procesos, hechos en español, sin traductor. Los 20 y 21 de agosto de 2019 los condenaron a un total de 75 años de cárcel. También se declaran inocentes.

A pesar de la petición de liberación inmediata por arbitrariedad del encarcelamiento, emitida en setiembre de 2021 por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, los tres continúan encarcelados. Sería muy triste que todos los años de encarcelamiento que vienen soportando estas tres personas, tuvieran como causa una investigación deficiente de la policía o la intención de ocultar los autores reales de los homicidios.

A la vista de todo esto le pido, Sra. Embajadora, sus gestiones ante la Presidencia de Méjico para que:

• Marcelino Ruiz Gómez y Germán y Abraham López Montejo sean liberados inmediatamente, conforme a la resolución del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria;

• se otorgue a Marcelino Ruiz Gómez y Germán y Abraham López Montejo una reparación por los muchos años pasados arbitrariamente en la cárcel, y

• se lleve a cabo una investigación imparcial para que las personas implicadas en las arbitrariedades citadas puedan responder de sus actos.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

LLAMADA URGENTE EUROPEA - mes de marzo de 2022

BIELORRUSIA

A pesar de la severa represión de la oposición, la resistencia perdura

Des del 2020, la población bielorrusa se defiende pacíficamente pero con convicción y tenacidad contra su dictador desde hace años, Alexandre Loukachenko. Para mucha gente, en Bielorrusia, una jornada normal se parece a esto: «Cuando salís de casa por la mañana para ir a trabajar, os habéis de llevar siempre una bolsa con ropa limpia y el neceser, para el caso que os detengan en la calle y os envíen a la cárcel. Os podría pasar porque habéis dicho revolución en un mensaje o participado en una concentración. Ni dentro de casa, uno se siente seguro». Es así que se expresaba Svetlana Tikhanovskaïa, figura de proa de la oposición bielorrusa, en una emisión de la televisión suiza SRF, el 1ero de abril de 2021.

Gracias a un fraude electoral generalizado, Alexandre Loukachenko se adjudicó un sexto mandato presidencial en las elecciones del 9 de agosto de 2020. Pero tanto en su país como en el extranjero, se considera que fue Svetlana Tikhanovskaïa quien las ganó. Al día siguiente, la jefa de la oposición apareció en la televisión del estado. En una declaración forzada, «reconoció» su derrota y desaconsejó seriamente a sus partidarios el participar en manifestaciones. A continuación, Svetlana fue expulsada del país. «Que Dios guarde a quien sea, de encontrarse un día ante la misma decisión que yo», declaró ella más tarde. En efecto, se la amenazó diciéndole especialmente que llegaría malestar a sus hijos y marido si seguía en Bielorrusia.

El fortalecimiento de la oposición y las vergonzosas manipulaciones electorales han llevado a la calle centenares de miles de personas. Durante meses, han habido manifestaciones masivas y siempre pacíficas, con una represión feroz que llega hasta hoy. Los dirigentes de la oposición han sido detenidos o han huido. Poco a poco, la oposición se ha hecho más silenciosa, pero no muda.

Hace un año, se contaban en Bielorrusia unos 270 detenidos considerados como presos políticos por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, contra 1.060 ya en febrero de 2022, con tendencia al alza. Las detenciones están documentadas por «Viasna», la más importante organización bielorrusa de defensa de los derechos humanos, con la cual las ACAT ya han colaborado, los miembros de la cual siguen en el punto de mira del régimen de Loukachenko.

Otros datos de Viasna muestran el que estas personas padecen. La organización conoce unas 5.000 denuncias por tortura o malos tratos, a las cuales no se ha dado respuesta suficiente. Ningún funcionario de policía no habría sido inculpado y durante el proceso, los jueces han ignorado completamente los testimonios de los opositores sobre las torturas sufridas.

«Somos todos capaces para restaurar el estado de derecho y liberar a todos los inocentes. Mantengamos Bielorrusia en vuestras prioridades. Hablad alto y fuerte de esta crisis política tocando los derechos humanos y el coraje de los bielorrusos. Continuad ayudando a los presos políticos hasta que estén todos en libertad. Continuad solidarios con Bielorrusia!» Svetlana Tikhanovskaïa, en twitter, enero 2022.

Las ACAT de Suiza y Luxemburgo proponen una protesta ante las autoridades bielorrusas contra las violaciones de los derechos de miles de militantes de oposición, de periodistas, de blogueros y de manifestantes pacíficos, y también de simples viandantes, durante las manifestaciones que siguieron a los resultados tan contestados de la elección del 9 de agosto de 2020 y sus consecuencias. Presentan el caso de Viachaslau Rahashchuk, conductor de taxi, detenido de manera arbitraria y violenta por al menos cinco policías cuando paseaba con su hermana y el hijo de 12 años de ésta en Pinsk, y el caso de Aliaksandr Kazlianka, militante y miembro del Sindicato Libre de Brest, detenido muchas veces y encarcelado desde el 2 de marzo de 2021.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,65 y 0,75 euros) a enviar antes del 31 de marzo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de marzo del 2022

Sr. Andrey Shved

Procurador General de la República de Belarus

22 Vul. Internatsianalnaya

220030 MINSK - BELARUS

Sr. Procurador General:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupan mucho las graves vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas actualmente en Belarus. Alarman particularmente las violaciones de los derechos de miles de militantes de oposición, de periodistas, de blogueros, y de manifestantes pacíficos, así como de paseantes, durante las manifestaciones que siguieron al resultado de la elección de 9 de agosto de 2020.

Me preocupa el encarcelamiento del taxista Viachaslau Rahashchuk, que tiene graves problemas de salud causados por las torturas y malos tratos sufridos en detención. El 10 de agosto de 2020, fue detenido de manera violenta y arbitraria por al menos cinco policías, mientras paseaba con su hermana y su sobrino en Pinsk. El 11 de agosto, uno de los compañeros de celda de Viachaslau informó a su madre que su hijo había sido apalizado y herido en la cabeza y en la columna vertebral. La familia ha pedido muchas veces la visita de un médico independiente y que se le dé la atención médica que necesita, pero es en vano. A pesar de que fue detenido cuando paseaba con la familia en Pinsk, el 30 de abril de 2021 Viachaslau Rahashchuk ha sido condenado a seis años de cárcel por participación en alborotos de mucha gente.

Me preocupa igualmente el repetido encarcelamiento de Aliaksandr Kazlianka, militante y miembro del Sindicato Libre de Brest. El 2 de marzo de 2021, volvió a ser detenido y su domicilio registrado. Se le acusa de organizar acciones de grupos o participar en ellas violando gravemente el orden público y estableciendo organizaciones criminales. La primera de estas acusaciones se refiere a un corte de carretera en 2018, hecho para protestar contra la construcción de una fábrica de baterías. Según fuentes fiables, no había participado en esta manifestación. Actualmente está detenido en el centro de detención provisional 1, donde las condiciones son notablemente severas.

A la vista de todo lo que está expuesto le pido, Sr. Procurador General, que quiera hacer que:

• de acuerdo con las obligaciones de Belarus como parte del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos, se libere inmediatamente a Viachaslau Rahashchuk y a Aliaksandr Kazlianka, ya que están detenidos únicamente por haber ejercido su derecho a expresar libremente sus opiniones, se abandonen los cargos contra ellos y se garantice su derecho a un recurso por persecución penal infundada;

• se respeten las obligaciones de Belarus como parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y se lleven a cabo las investigaciones independientes e imparciales sobre las alegaciones de actos de tortura y malos tratos contra Viachaslau Rahashchuk, y

• se ordene la liberación de todos los otros presos políticos y de todos los detenidos por el ejercicio de su derecho a la libertad de reunión pacífica en el período post-electoral de Belarus.

Reciba, Sr. Procurador General, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de marzo de 2022

Sr. Embajador de la República de Belarus

Caleruega , 81 – 2A

28033 MADRID

Sr. Embajador:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupan mucho las graves vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas actualmente en Belarus. Alarman particularmente las violaciones de los derechos de miles de militantes de oposición, de periodistas, de blogueros, y de manifestantes pacíficos, así como de paseantes, durante las manifestaciones que siguieron al resultado de la elección de 9 de agosto de 2020.

Me preocupa el encarcelamiento del taxista Viachaslau Rahashchuk, que tiene graves problemas de salud causados por las torturas y malos tratos sufridos en detención. El 10 de agosto de 2020, fue detenido de manera violenta y arbitraria por al menos cinco policías, mientras paseaba con su hermana y su sobrino en Pinsk. El 11 de agosto, uno de los compañeros de celda de Viachaslau informó a su madre que su hijo había sido apalizado y herido en la cabeza y en la columna vertebral. La familia ha pedido muchas veces la visita de un médico independiente y que se le dé la atención médica que necesita, pero es en vano. A pesar de que fue detenido cuando paseaba con la familia en Pinsk, el 30 de abril de 2021 Viachaslau Rahashchuk ha sido condenado a seis años de cárcel por participación en alborotos de mucha gente.

Me preocupa igualmente el repetido encarcelamiento de Aliaksandr Kazlianka, militante y miembro del Sindicato Libre de Brest. El 2 de marzo de 2021, volvió a ser detenido y su domicilio registrado. Se le acusa de organizar acciones de grupos o participar en ellas violando gravemente el orden público y estableciendo organizaciones criminales. La primera de estas acusaciones se refiere a un corte de carretera en 2018, hecho para protestar contra la construcción de una fábrica de baterías. Según fuentes fiables, no había participado en esta manifestación. Actualmente está detenido en el centro de detención provisional 1, donde las condiciones son notablemente severas.

A la vista de todo lo que está expuesto le pido, Sr. Embajador, sus gestiones ante el gobierno de la República de Belarus para que quiera hacer que:

• de acuerdo con las obligaciones de Belarus como parte del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos, se libere inmediatamente a Viachaslau Rahashchuk y a Aliaksandr Kazlianka, ya que están detenidos únicamente por haber ejercido su derecho a expresar libremente sus opiniones, se abandonen los cargos contra ellos y se garantice su derecho a un recurso por persecución penal infundada;

• se respeten las obligaciones de Belarus como parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y se lleven a cabo las investigaciones independientes e imparciales sobre las alegaciones de actos de tortura y malos tratos contra Viachaslau Rahashchuk, y

• se ordene la liberación de todos los otros presos políticos y de todos los detenidos por el ejercicio de su derecho a la libertad de reunión pacífica en el período post-electoral de Belarus.

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

 

LLAMADA URGENTE - 27 de enero de 2022

MARRUECOS

La defensora de los derechos humanos Sultana Khaya agredida de nuevo

La defensora de los derechos humanos Sultana Khaya y su hermana Luara han sido de nuevo víctimas de violencias y agresiones sexuales en un contexto de multiplicación de ataques contra defensores saharauis. Presidenta de la Liga para la defensa de los Derechos Humanos y contra el Pillaje de los Recursos Naturales, Sultana Khaya es un objetivo recurrente de ataques por parte del régimen marroquí. Milita por la autodeterminación del pueblo saharaui y sus derechos fundamentales y también es miembro de la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM). Desde el 19 de noviembre de 2020, Sultana y Luara están abusivamente asignadas a residencia por su compromiso en la defensa de los derechos de los saharauis. Esta medida les fue anunciada oralmente por el jefe de policía, en ausencia de decisión judicial y de base legal. Las fuerzas de seguridad vigilan ante su casa y no las dejan salir.

El 5 de diciembre de 2021, unos agentes entraron en su domicilio, y forzaron Sultana a inhalar una substancia que comportó una cierta parálisis del sus miembros, y le inyectaron un líquido desconocido. Después, durante dos horas, las dos fueron violadas y apalizadas. Los agentes también saquearon la casa e inutilizaron el depósito del agua. No han sido examinadas por un médico y su estado psicológico y físico es inquietante, pues la inyección del líquido desconocido le ha comportado a Sultana pérdida de algunos dientes, y picor en algunas partes de su cuerpo.

Desde hace meses, Sultana Khaya y sus parientes son objete de acoso y de agresiones sexuales, utilizados como métodos de terror de cara a disuadirlas de su trabajo de defensa de los derechos humanos. Ya el 15 de noviembre de 2021, Sultana Khaya y Luara, y también su madre de más de 80 años, fueron agredidas sexualmente en su casa. Otras agresiones similares tuvieron lugar el 8 de noviembre, el 22 de agosto y los 10 y 12 de mayo de 2021. A causa de su arbitraria asignación a residencia, las hermanas Khaya están en una situación particularmente alarmante y en riesgo de sufrir actos de tortura y violencias, sobretodo sexuales.

El contexto

A partir del final del alto el fuego el 13 de noviembre de 2020 entre el Frente Polisario y el ejército marroquí, después de los incidentes cerca de la frontera mauritana en Guerguerat, se ha observado un aumento significativo de los ataques e intimidaciones contra miembros de la sociedad civil saharaui, sean periodistas, defensores de los derechos humanos o militantes políticos. Entre otros ejemplos, el 11 de diciembre de 2021, el defensor Lwali Lahmad fue detenido y apalizado mientras lo trasladaban y en la comisaría, hasta que perdió el conocimiento. El 5 de enero de 2022, el defensor Babouzaid Mohamed Saeed fue detenido cuando iba con su hijo de 3 años, quedando retenido tres horas en comisaría. El 10 de mayo de 2021, ya había sido secuestrado y torturado después de encontrarse con otros militantes de los derechos humanos en el domicilio de Sultana.

En una comunicación dirigida al gobierno marroquí en marzo de 2021, expertos de la ONU expresaban ya serias preocupaciones por muchos abusos cometidos contra ocho eminentes defensores saharauis de los derechos humanos y describían un «ambiente hostil» a su trabajo. En una segunda comunicación, se interpelaban las autoridades marroquíes sobre el tratamiento dado a 13 militantes diciendo que estaban «profundamente perturbados por los informes de agresiones sexuales y el carácter sexual de las amenazas e insultos proferidos» a defensoras como Sultana y Luara Khaya. El 1 de julio del 2021, Mary Lawlor, informadora especial, estaba particularmente preocupada por «el aparente recurso a la violencia y a la amenaza de violencia para dificultar a las mujeres defensoras de los derechos humanos las actividades en favor de estos derechos», evocando el caso particularmente inquietante de Sultana Khaya.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,65 y 0,75 euros).

Fax de la embajada de Marruecos en Madrid: 915 617 887.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de febrero de 2022

Sr. Josep Borrell Fontelles

Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Extranjeros y la Política de Seguridad

Comisión Europea

200, rue de la Loi

BP - 1049 BRUXELLES

Bélgica

Sr. Alto Representante:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), querría presentarle la situación extremadamente preocupante de Sultana Khaya, defensora saharaui de los Derechos Humanos, igual que la de su hermana Luara Khaya.

Desde el 19 de noviembre de 2020, han estado arbitrariamente asignadas a residencia, sin base legal ni decisión judicial y son víctimas, junto con su madre, de violencias repetidas por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. El 5 de diciembre de 2021, tanto Sultana com Luara fueron apalizadas y violadas de nuevo por agentes de las fuerzas de seguridad. Durante la agresión, forzaron Sultana a inhalar una substancia que le provocó una parálisis de sus miembros y recibió una inyección de una substancia no conocida. Después de esta agresión, no ha recibido ninguna atención médica y su estado de salud se degrada de forma inquietante.

Me preocupa mucho la recrudescencia de la utilización repetida de violencias sexuales contra las defensoras saharauis de los Derechos Humanos y también la multiplicación de los ataques, después del final del alto el fuego el 13 de noviembre de 2020, contra defensores y defensoras saharauis. Como ejemplo, el 11 de diciembre de 2021, Lwali Lahmad, director de la Fundación Nushatta para los Medios de Comunicación y los Derechos Humanos, fue detenido y torturado.

Animado por su declaración del 6 de mayo de 2021, en la cual indicaba seguir la situación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, le pido que quiera hacer una declaración pública y las gestiones necesarias para:

• exigir a las autoridades marroquíes la finalización de cualquier forma de violencia y, entre ellas, la violencia sexista y sexual, contra defensores y defensoras de los Derechos Humanos, especialmente contra Sultana y Luara Khaya;

• pedir el levantamiento de la arbitraria asignación a residencia de las dos hermanas Sultana y Luara Khaya;

• recordar al Reino de Marruecos sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y, en particular, en materia de lucha contra la tortura y los malos tratos, y

• pedir a las autoridades marroquíes el establecimiento de una investigación independiente sobre las alegaciones de tortura y otras violaciones de derechos sufridas por Sultana y Luara Khaya.

Reciba, Sr. Alto Representante, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de febrero de 2022

Sra. Embajadora del Reino de Marruecos

Serrano, 179 28002 – MADRID

Sra. Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), querría presentarle la situación extremadamente preocupante de Sultana Khaya, defensora saharaui de los Derechos Humanos, igual que la de su hermana Luara Khaya.

Desde el 19 de noviembre de 2020, han estado arbitrariamente asignadas a residencia, sin base legal ni decisión judicial y son víctimas, junto con su madre, de violencias repetidas por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. El 5 de diciembre de 2021, tanto Sultana com Luara fueron apalizadas y violadas de nuevo por agentes de las fuerzas de seguridad. Durante la agresión, forzaron Sultana a inhalar una substancia que le provocó una parálisis de sus miembros y recibió una inyección de una substancia no conocida. Después de esta agresión, no ha recibido ninguna atención médica y su estado de salud se degrada de forma inquietante.

Me preocupa mucho la recrudescencia de la utilización repetida de violencias sexuales contra las defensoras saharauis de los Derechos Humanos y también la multiplicación de los ataques, después del final del alto el fuego el 13 de noviembre de 2020, contra defensores y defensoras saharauis. Como ejemplo, el 11 de diciembre de 2021, Lwali Lahmad, director de la Fundación Nushatta para los Medios de Comunicación y los Derechos Humanos, fue detenido y torturado.

Por todo ello le pido, Sra. Embajadora, sus gestiones ante el gobierno del Reino de Marruecos para que:

• se termine cualquier forma de violencia i, entre ellas, la violencia sexista y sexual, contra defensores y defensoras de los Derechos Humanos, especialmente contra Sultana y Luara Khaya;

• se levante la arbitraria asignación a residencia de las dos hermanas Sultana y Luara Khaya;

• el Reino de Marruecos tenga presentes sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y, más en particular, en materia de lucha contra la tortura y los malos tratos, y

• se lleve a cabo una investigación independiente y suficiente sobre las alegaciones de tortura y otras violaciones de derechos sufridas por Sultana y Luara Khaya.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

LLAMADA URGENTE - 1 de enero de 2022

MÉJICO

Actuación para proteger al padre Marcelo Pérez Pérez

El padre Marcelo Pérez Pérez es un defensor de los derechos de las poblaciones autóctonas del estado de Chiapas, en Méjico. Se postula como mediador para resolver los conflictos relacionados con los abusos (corrupción, traficantes…) que lesionan los derechos de los más débiles. Muy escuchado y conciliador, se ha convertido en una persona molesta para algunos y amenazada de muerte.

Un sacerdote defensor que hace modificar planes

De etnia maya tsotsil, el padre Marcelo Pérez Pérez es un sacerdote comprometido en favor de los derechos humanos en Chiapas. No-violento y relacionado con el ecumenismo, intenta establecer un diálogo de paz y de reconciliación en un estado corroído por los intereses de los megaproyectos de desarrollo (presas, minas, autopistas), la corrupción, los tráficos (drogas, armas, prostitución), la violencia de estado y de los grupos armados ilegales. Muchas veces ha movilizado miles de manifestantes contra la criminalidad o por el derecho a un medio ambiente sano.

Muy escuchado y conciliador, el padre Marcelo se ha convertido en muy molesto para ciertas personas. Al día de hoy es una de las personas más amenazadas de Méjico y, muy regularmente, recibe amenazas de muerte. También muy frecuentemente lo siguen en sus desplazamientos. Igualmente, su vehículo ha sido saboteado varias veces. Se han lanzado, por personalidades políticas, campañas de difamación contra él, en los medios de comunicación y las redes sociales, presentándolo como corrupto y a sueldo de grupos criminales. Desde 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene ordenado al estado de Méjico el tomar medidas para su protección. No obstante, las medidas tomadas hasta el día de hoy son muy insuficientes y hacen dudar de una voluntad política real para protegerlo. Por ejemplo, los ataques contra el sacerdote no siempre han sido objeto de investigaciones serias y eficaces ni de persecuciones judiciales.

Una agravación de la violencia

Chiapas tiene un gran número de actores armados: militares y paramilitares después de la segunda mitad de los años 1990, y más recientemente, bandas relacionadas con la criminalidad organizada. Con ello, la violencia no cesa de aumentar, afectando en primer lugar a las comunidades autóctonas (el 28,2 % de la población), las cuales son objeto de maniobras para controlar sus territorios. La situación se ha agravado aún más en junio de 2021, con la celebración de elecciones locales. En ellas, los notables locales habituales han buscado mantenerse en el poder por todos los medios. Un defensor de los derechos humanos, próximo al padre Marcelo, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado el 5 de julio después de haber denunciado estas prácticas. Actualmente, Chiapas es el segundo estado de Méjico, sobre 32, más peligroso para los defensores de los derechos humanos.

Pedimos que se proteja al padre Marcelo Pérez Pérez y que los ataques de los cuales es objetivo, sean objeto de investigación y de persecución judicial.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 y 0,70 euros).

Fax de la embajada en Madrid: 914 202 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de enero de 2022

Lic. Enrique Irazoque Palazuelos (o succesor/a)

Unidad de Defensa de los Derechos Humanos (UDDH)

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Dinamarca 84, Piso 7,

Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc,

México D.F., C.P. 06600

MÉJICO

Sr. Director:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la seguridad personal del sacerdote y defensor de los Derechos Humanos en el estado de Chiapas, Marcelo Pérez Pérez.

Movilizado por la defensa de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, por el respeto de los derechos de las poblaciones autóctonas y contra la criminalidad, el padre Marcelo Pérez Pérez está muy amenazado.

Desde el año 2015, se beneficia de medidas de protección ordenadas per la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero continúa recibiendo amenazas de muerte. Lo siguen, su vehículo ha sido saboteado varias veces y continúa siendo objeto de difamaciones en los medios de comunicación, las redes sociales y por parte de personalidades políticas.

Le pido, pues, Sr. Director, que quiera:

• reforzar las medidas de protección del padre Marcelo Pérez Pérez;

• velar para que cada uno de los ataques contra él, sea objeto de una investigación cuidadosa y suficiente para sancionar a los autores y responsables.

Reciba, Sr. Director, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre:

Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de enero de 2022

Sra. Embajadora de los Estados Unidos Mejicanos

Carrera de San Jerónimo, 46

28014 – MADRID

Sra. Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la seguridad personal del sacerdote y defensor de los Derechos Humanos en el estado de Chiapas, Marcelo Pérez Pérez.

Movilizado por la defensa de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, por el respeto de los derechos de las poblaciones autóctonas y contra la criminalidad, el padre Marcelo Pérez Pérez está muy amenazado.

Desde el año 2015, se beneficia de medidas de protección ordenadas per la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero continúa recibiendo amenazas de muerte. Lo siguen, su vehículo ha sido saboteado varias veces y continúa siendo objeto de difamaciones en los medios de comunicación, las redes sociales y por parte de personalidades políticas.

Le pido, pues, Sra. Embajadora, que quiera llevar a cabo las gestiones necesarias ante los gobiernos federal y del estado de Chiapas para que quieran:

• reforzar las medidas de protección del padre Marcelo Pérez Pérez;

• velar para que cada uno de los ataques contra él, sea objeto de una investigación cuidadosa y suficiente para sancionar a los autores y responsables.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre:

Dirección:

 

 

 

 

CUBA

Malos tratos, tortura, detención arbitraria, criminalización: nuevas informaciones

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nueva información y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Cuba.

Nueva información:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información sobre los malos tratos y las condiciones de detención inhumanas a las que está sometido José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). El Sr. Ferrer García se encuentra privado de libertad desde el 11 de julio de 2021 por ejercer su derecho a la protesta pacífica en las manifestaciones que se registraron ese día en varias ciudades del país. Tras su arresto, José Daniel Ferrer García permaneció detenido en régimen de incomunicación durante tres meses, sin acceso a su familia ni abogados. Desde octubre de 2021, tiene derecho a una llamada telefónica de tres minutos una vez a la semana en vez de los cinco minutos permitido al resto de personas detenidas. Además, desde octubre de 2021, solo ha tenido derecho a dos visitas familiares y una conyugal.

El 3 de diciembre de 2021, la esposa, la hija y los dos hijos de José Daniel Ferrer García acudieron a la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, para visitarle. Las autoridades penitenciarias denegaron el acceso al hijo mayor de José Daniel Ferrer García, en represalia a su participación en las protestas pacíficas del 15 de noviembre de 2021 en Santiago de Cuba. La visita se llevó a cabo en una sala donde se encuentran las oficinas de la Seguridad del Estado y de los funcionarios penitenciarios de la prisión de Mar Verde y ante la presencia constante de cuatro guardias de seguridad y del jefe de la guardia, en vez de hacerla en el espacio amplio, abierto y compartido dedicado a las visitas familiares. José Daniel Ferrer García permaneció esposado durante las dos horas de la visita y no le fue permitido el contacto físico con su familia.

Durante la visita, José Daniel Ferrer García informó sobre las condiciones de detención inhumanas a las que está sometido. El defensor se encuentra detenido en una celda de aislamiento, sin ventanas, acceso al exterior, ni en contacto con el resto de personas detenidas. En la celda no hay aire ni luz natural, sino que está iluminada por una fuerte luz artificial que produce afectaciones en sus ojos. Los alimentos que recibe se encuentran en estado de descomposición. Tampoco tiene vestimenta adecuada y está obligado a vestir solo con ropa interior. El 3 de diciembre, las autoridades penitenciarias confiscaron los alimentos que su familia le llevó a la cárcel y denegaron el ingreso de ropa argumentando que no llevaba el distintivo “P” de “prisionero” en la espalda. Asimismo, el defensor informó que periódicamente los funcionarios penitenciarios organizan actos de repudio en su contra, incluyendo insultos, por parte del resto de personas detenidas, a cambio de visitas y otros beneficios en la prisión.

En el momento de publicación de esta llamada, se desconocen los cargos que se le imputan y no se ha obtenido acceso al expediente fiscal sobre su caso.

El estado de salud de José Daniel Ferrer García, quien ya sufría de úlcera gastroduodenal cuando fue detenido, se ha deteriorado gravemente en los meses que lleva detenido. El defensor presenta una importante pérdida de peso, sangra de manera constante por la boca, tiene zumbidos permanentes en los oídos, dolores de cabeza, calambres en las manos que le generan parálisis momentáneas, tos recurrente, presión arterial alta y abundantes picaduras de mosquito en la piel. No ha recibido atención médica suficiente ni medicamentos adecuados.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 y 0,70 euros). Fax de la embajada: 913 596 145

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de diciembre de 2021

Sr. Miguel Díaz Canel

Presidente de la República de Cuba

Palacio de la Revolución

Av. Carlos Manuel de Céspedes, esq. Independencia

LA HABANA - Cuba

Sr. Presidente:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la situación del defensor de los Derechos Humanos José Daniel Ferrer García, detenido sin que hubiera cometido delito alguno, el 11 de julio de 2021 cuando se dirigía a participar en una manifestación. También sin motivo alguno se le tuvo detenido e incomunicado durante tres meses, sin acceso a su familia ni abogados. Actualmente, se le han aliviado algunos de sus padecimientos, pero así y todo, se le tiene en una celda sin ventanas, con una fuerte y molesta luz artificial intensa, con alimentos en mal estado, sin vestimenta adecuada y obligado a vestir solo ropa interior. Su estado de salud está muy deteriorado. Se organizan actos de repudio en su contra, incluyendo insultos, por parte del resto de personas detenidas que, a cambio, obtienen beneficios por parte de algunos guardas.

Estos hechos prueban que al menos parte de los funcionarios imponen a José Daniel Ferrer García castigos adicionales no sentenciados por ningún juez, sobre todo cuando hasta el momento no se conocen los hechos que se le imputan.

Le ruego, pues, Sr. Presidente, dicte las órdenes necesarias para que:

• las prisiones de Cuba cumplan las «Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos»

• se garantice la seguridad, la salud y la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y su familia, así como las de todas las personas defensoras de los Derechos Humanos en Cuba, liberándolas inmediata e incondicionalmente, tanto a José Daniel Ferrer García, como a todas las personas defensoras de los Derechos Humanos detenidas arbitrariamente en Cuba;

• se lleve a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los presuntos malos tratos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables i aplicar las sanciones penales previstas por la ley;

• se tomen de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la libertad de expresión, incluido en línea, de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos;

• se ratifiquen por Cuba los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como se alinee su legislación en materia penal con los estándares internacionales de Derechos Humanos que previenen y protegen a las personas detenidas frente a la detención arbitraria y la desaparición forzada.

Reciba, Sr. Presidente, mis más respetuosos saludos.

Firma

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de diciembre de 2021

Sr. Embajador de la República de Cuba

Paseo de la Habana, 194

28036 MADRID

Sr. Embajador:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la situación del defensor de los Derechos Humanos José Daniel Ferrer García, detenido sin que hubiera cometido delito alguno, el 11 de julio de 2021 cuando se dirigía a participar en una manifestación. También sin motivo alguno se le tuvo detenido e incomunicado durante tres meses, sin acceso a su familia ni abogados. Actualmente, se le han aliviado algunos de sus padecimientos, pero así y todo, se le tiene en una celda sin ventanas, con una fuerte y molesta luz artificial intensa, con alimentos en mal estado, sin vestimenta adecuada y obligado a vestir solo ropa interior. Su estado de salud está muy deteriorado. Se organizan actos de repudio en su contra, incluyendo insultos, por parte del resto de personas detenidas que, a cambio, obtienen beneficios por parte de algunos guardas.

Estos hechos prueban que al menos parte de los funcionarios imponen a José Daniel Ferrer García castigos adicionales no sentenciados por ningún juez, sobre todo cuando hasta el momento no se conocen los hechos que se le imputan.

Le ruego, pues, Sr. Embajador, sus gestiones ante el gobierno de la República de Cuba, para que quiera dictar las órdenes necesarias para que:

• las prisiones de Cuba cumplan las «Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos»

• se garantice la seguridad, la salud y la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y su familia, así como las de todas las personas defensoras de Derechos Humanos en Cuba, liberándolas inmediata e incondicionalmente, tanto a José Daniel Ferrer García, como a todas las personas defensoras de Derechos Humanos detenidas arbitrariamente en Cuba;

• se lleve a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los presuntos malos tratos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables y aplicar las sanciones penales previstas por la ley;

• se tomen de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la libertad de expresión, incluido en línea, de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos;

• se ratifiquen por Cuba los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como se alinee su legislación en materia penal con los estándares internacionales de Derechos Humanos que previenen y protegen a las personas detenidas frente a la detención arbitraria y la desaparición forzada.

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma

Nombre: Dirección

 

 

 

 

 

LLAMADA URGENTE -

CHINA

Zhang Zhan está a punto de morir. Salvémosla. Enseguida

Detenida en mayo de 2020 y condenada algunos meses después a cuatro años de cárcel por el solo hecho de haber querido informar a sus conciudadanos sobre la situación en Wuhan durante el pico de la pandemia de Covid19, Zhang Zhan está encarcelada en una prisión de Shanghái en condiciones inhumanas desde hace más de 18 meses. Su vida hoy está en peligro.

Por haber rehusado recurrir su condena de diciembre de 2020, se encuentra ahora privada del apoyo de su abogado desde finales del 2020. Desde enero de 2021, no ha recibido ninguna visita.

Para protestar por estas condiciones de detención indignas, Zhang Zhan ha tomado la decisión de reanudar la huelga de hambre que ya había seguido antes de su juicio. Entonces fue alimentada por la fuerza, violando las reglas internacionales sobre el trato de los detenidos.

Está más débil cada día. Su familia, que se presenta en las puertas de la prisión para verla, tiene prohibida la visita. Solo una conversación por vídeo se ha permitido a su madre.

El 31 de julio de 2021, la hospitalizaron en un estado crítico. Dejó el hospital 10 días más tarde y volvió a la cárcel de mujeres de Shanghái, cuando su estado no es compatible con un mantenimiento en detención.

En octubre de 2021, su madre, que se presentaba muchas veces ante la cárcel para ver a su hija sin éxito, consiguió poder hablar con ella por una llamada de vídeo. Después de la conversación, explicó que su hija estaba muy débil, y que no podía mantener la cabeza en alto mientras hablaba, porque no tenía la fuerza necesaria. Tampoco puede desplazarse sola. No pesaría más de 40 kilos, cuando mide 1,77 metros. En twitter, su hermano Zhang Ju, afirmaba el 30 de octubre que «no pasará quizá el invierno». Enseña una foto de su hermana, contenta y feliz, explicando que quiere conservar esta imagen positiva y alegre de su hermana porque teme no poder volver a verla viva.

El 15 de noviembre de 2021, los parientes de Zhang Zhan presentaron una demanda de liberación por razones médicas. Una liberación inmediata es la única vía posible.

La situación suscita más inquietud cuando muchos militantes detenidos arbitrariamente han muerto en detención o poco tiempo después de ser liberados. Es el caso del premio Nobel de la paz Liu Xiaobo, muerto en detención después de que las autoridades chinas rechazaron que recibiera un tratamiento de su cáncer en el extranjero en 2017. El mismo año, el escritor Yang Tianshui murió tres meses después de ser liberado por razones médicas y ser operado para extraerle un tumor en el cerebro.

Más recientemente, el joven monje tibetano Tenzin Nyima de 19 años, ha muerto poco tiempo después de salir de la cárcel. Una investigación independiente de HRW ha podido determinar que murió por las torturas en detención i la malnutrición encarcelado. Su crimen fue distribuir escritos en favor de la independencia del Tibet y haber hecho conocer la represión que sufrió por sus actos pacíficos.

Para Zhang Zhan, no se puede perder ningún momento.

Adjuntamos dos propuestas de carta. Fax de la embajada en Madrid: 915 192 035

La carta a Suiza, una vez personalizada con sus datos, se ha de enviar exclusivamente por vía electrónica, a Son Excel·lence Monsieur CHEN Xu, Ambassadeur extraordinaire i plenipotentiaire a la dirección chinamission_gva@mfa.gov.cn

La carta se puede enviar como adjunto o directamente en el cuerpo del correo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . novembre 2021

Son Excellence Monsieur CHEN Xu

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

Mission permanente de la République populaire de Chine auprès de l'Office des Nations Unies a Genève

Chemin de Surville 11, 1213 Petit-Lancy, Genève

SUISSE

chinamission_gva@mfa.gov.cn

Monsieur l’Ambassadeur,

Connaissant les faits à travers l'ACAT-Espagne/Catalogne, affiliée à la Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (FIACAT), je tiens a vous faire part de ma vive inquiétude au sujet de la situation de Zhang Zhan 张展, condamnée en décembre 2020 a quatre années d’emprisonnement et détenue dans des conditions aujourd’hui particulièrement alarmantes.

Zhang Zhan est une journaliste arrêtée le 14 mai 2020 a Wuhan, où elle exerçait son droit a la liberté d’expression en couvrant l’épidémie de Covid-19, un sujet d’intérêt général.

Informer le grand public sur une situation d’une ampleur et d’une gravité inédite a été qualifié par un Tribunal, d’action criminelle. Il prononcera sa condamnation en contradiction flagrante avec la réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés. Un tel verdict, bafouant les règles du procès équitable, n’a donc aucune valeur.

Zhang Zhan a été soumise a un régime d’incarcération portant atteinte a son intégrité physique et sa dignité depuis de longs mois. Son état de santé s’est gravement détérioré au cours de ces dernières semaines et est aujourd’hui incompatible avec son maintien en détention.

Je vous demande, Monsieur l’Ambassadeur, d’intervenir pour que:

• Zhang Zhan soit libérée immédiatement et sans conditions ;

• Qu’un bilan de santé indépendant soit pratiqué au plus vite afin que son état physique au moment de quitter la prison soit documenté avec précision;

• Qu’elle puisse recevoir les soins que son état rend nécessaires en étant auprès de ses proches;

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur l’Ambassadeur, en l’expression de ma très haute considération.

Signature:

Nom:

Adresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de noviembre de 2021

Sr. Embajador de la República Popular China

Arturo Soria, 111-113

28043 – MADRID

Sr. Embajador:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), he de hacerle saber mi viva inquietud por la situación de Zhang Zhan 张展, condenada en diciembre de 2020 a cuatro años de prisión y detenida en condiciones hoy en día particularmente alarmantes.

Zhang Zhan es una periodista detenida el 14 de mayo de 2020 en Wuhan, donde ella ejercía su derecho a la libertad de expresión cubriendo la epidemia de Covid-19, un tema de interés general.

Informar al gran público sobre una situación de una magnitud y de una gravedad inédita ha sido calificado por un Tribunal, de acción criminal. Pronunció su condena en contradicción flagrante con la realidad de los hechos tal como sucedieron. Un tal veredicto, contradiciendo las reglas de un juicio justo, no tiene pues ningún valor.

Zhang Zhan ha estado sometida a un régimen de encarcelamiento que atentaba su integridad física y su dignidad durante muchos meses. Su estado de salud se ha deteriorado gravemente en el curso de estas últimas semanas y hoy es incompatible con su mantenimiento en detención.

Le pido, pues, Sr. Embajador, sus gestiones ante el gobierno de la República Popular China, para que quiera:

• liberar Zhang Zhan inmediatamente y sin condiciones;

• que se haga un reconocimiento independiente del estado de salud de Zhang Zhan para que quede documentado con precisión su estado físico al salir de la prisión;

• que pueda recibir la atención médica que su estado hace necesaria, estando cerca y en contacto con sus parientes.

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre:

Dirección:





LLAMADA URGENTE EUROPEA - mes de noviembre de 2021

MÉJICO

Once años de detención arbitraria

En un marco de rivalidades entre pobladores de San Miguel Aloápam y San Isidro Aloápam, en el estado de Oaxaca, distrito de Itxlán, el día 15 de agosto de 2010 sobre las 13 horas, la familia López salió a buscar arena y, a la altura de Santana, cerca del paraje Río Virgen, en San Isidro, unos 20 encapuchados vestidos de negro interceptaron la camioneta en la que se trasladaban, rompiendo los cristales, agrediendo a la señora Yolanda Pérez Cruz y a sus hijas de 22 y 25 años, empujando también a su hijo de 5 años y secuestrando al señor Pablo López Alavez.

El 17 de agosto de 2010 por la mañana, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) informó que Pablo López Alavez se encontraba preso en Etla dando a conocer otros datos completamente diferentes: que el grupo de Aprehensión de la EAI, comandancia del sector Etla, incursionó la noche del 14 de agosto en San Isidro Aloápam para detener a Pablo López Alavez. Se informó que se le imputaban dos asesinatos y tentativa de otros ocho homicidios de personas de San Miguel Aloàpam cuando las víctimas se encontraban en el paraje Yyusuni el 17 de junio de 2007. Como se ha dicho, Pablo Lòpez Alavez fue secuestrado el 15 de agosto y no se sabe de ningún hecho que lo relacionen con asesinatos o intentos de homicidio.

El 13 de octubre de 2010, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), organización indígena para defender sus derechos por medios exclusivamente no violentos, presentó una queja ante la CEDH y contra la juez de Etla, el agente del Ministerio Público del Segundo Turno y el agente del Ministerio Público Adscrito, por negligencia. La queja fue aceptada el 15 de octubre de 2010. El Juez Federal resolvió el Amparo de Pablo López Alavez y pidió a la juez de Etla que fundamentara y argumentara jurídicamente por qué dictó auto de prisión formal para Pablo López Alavez, sin argumentarla debidamente. No se conocen argumentos.

La Comisión para la Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca, en su exp. CDDH/1191/(06)/OAX/2010, de 16 de diciembre de 2010, detectó «la existencia de violaciones a los DH de Pablo López Alavez y de un agravio al interés de la sociedad». El 10 de enero de 2011 el CIPO-RFM presentó un nuevo amparo (26/2011) ante el Juzgado Tercero de Distrito en Oaxaca, pidiendo la libertad para Pablo López Alavez, tras demostrar que el proceso es ilegal e injusto. A pesar de ello y de la recomendación 11/2015 de la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO) señalando que la condena de Pablo López Alavez está llena de irregularidades, en noviembre de 2018 le fue confirmada la sentencia a 30 años de cárcel.

En 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró arbitraria la detención, mediante la opinión 23/2017, por contravenir los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así como los artículos 14, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo estimó que el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento del Sr. Pablo López era su defensa de los derechos ambientales, violando su libertad de expresión y su derecho a participar.

También la esposa de Pablo López Alavez, la defensora medioambiental Yolanda Pérez Cruz, originaria de San Isidro Aloápam, ha sido víctima de agresiones y amenazas constantes por su labor en pro de la liberación de su esposo y ha tenido que cambiar de residencia, a pesar de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca aprobó medidas cautelares a su favor.

El 23 de octubre de 2020 Pablo López Alavez, con Causa Penal 102/2007 en el Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, remitió un recurso escrito de apelación a dicho juzgado. Pero Pablo López Alavéz sigue privado de su libertad desde hace once años y dos meses.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 y 0,70 euros).

Fax de la embajada en Madrid: 914 202 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de noviembre de 2021

Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Palacio Nacional

Plaza de la Constitución, s/n – Centro Cuauhtémoc

CP 06066 - CIUDAD DE MÉXICO - México

Sr. Presidente:

El señor Pablo López Alavez, indígena zapoteca de la comunidad de San Isidro Aloápam en la Sierra Norte de Ixtlán, defensor del derecho al territorio, al bosque y al agua, lleva ya once años y dos meses encarcelado en el penal de Etla, Oaxaca. Ello a pesar de las irregularidades reportadas en el proceso, de los recursos presentados, de las recomendaciones de la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO) e incluso de la declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria en 2017.

Pablo López Alavez fue secuestrado el 15 de agosto de 2010 sobre las 13 horas, cuando salió con su familia a buscar arena y a la altura de Santana, cerca del paraje Río Virgen, un grupo de encapuchados interceptaron su camioneta y, agrediendo al resto de familiares, se lo llevaron. Sorprendentemente, el día 17 la Agencia Estatal de Investigación informó que Pablo López Alavez fue aprehendido la noche del sábado 14 en San Isidro, imputándole dos asesinatos y la tentativa de otros 8 en el paraje Yyusuni, en el año 2007. Se presentó una queja por falta de hechos que justificasen la prisión preventiva dispuesta por la juez de Etla y el juez federal dispuso que se argumentara jurídicamente la medida. Pero Pablo Lòpez Alavez sigue en prisión.

La Comisión para la Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca detectó el 16 de diciembre de 2010 la «existencia de violaciones a los DH de Pablo López Alavez y de un agravio al interés de la sociedad». Otra recomendación, la 11/2015, señalando que la condena de Pablo López Alavez está llena de irregularidades, no evitó en noviembre de 20l8 la confirmación de 30 años de cárcel. Ya el 13 de octubre de 2010, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), organización indígena para defender sus derechos por medios exclusivamente no violentos, recurrió en el mismo sentido.

En 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró arbitraria la detención, mediante la opinión 23/2017, por contravenir los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 14, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo consideró que «el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento del Sr. Pablo López Alavez es su actividad como defensor de los derechos humanos de su comunidad, en materia de derechos ambientales. Esto viola su libertad de expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos».

A la vista de todo lo que se ha indicado y de que no ha aparecido ninguna prueba de la culpabilidad del señor Pablo López Alavez, le rogamos Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien tomar las medidas oportunas para:

• poner en libertad al señor Pablo López Alavez y

• otorgarle una indemnización por los sufrimientos padecidos por él y por sus familiares.

Reciba, Sr. Presidente, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de noviembre de 2021

Sra. Maria Carmen Oñate Muñoz, Embajadora de los Estados Unidos Mexicanos

Carrera de San Jerónimo, 46

28014 MADRID

Sra. Embajadora:

El señor Pablo López Alavez, indígena zapoteca de la comunidad de San Isidro Aloápam en la Sierra Norte de Ixtlán, defensor del derecho al territorio, al bosque y al agua, lleva ya once años y dos meses encarcelado en el penal de Etla, Oaxaca. Ello a pesar de las irregularidades reportadas en el proceso, de los recursos presentados, de las recomendaciones de la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO) e incluso de la declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria en 2017.

Pablo López Alavez fue secuestrado el 15 de agosto de 2010 sobre las 13 horas, cuando salió con su familia a buscar arena y a la altura de Santana, cerca del paraje Río Virgen, un grupo de encapuchados interceptaron su camioneta y, agrediendo al resto de familiares, se lo llevaron. Sorprendentemente, el día 17 la Agencia Estatal de Investigación informó que Pablo López Alavez fue aprehendido la noche del sábado 14 en San Isidro, imputándole dos asesinatos y la tentativa de otros 8 en el paraje Yyusuni, en el año 2007. Se presentó una queja por falta de hechos que justificasen la prisión preventiva dispuesta por la juez de Etla y el juez federal dispuso que se argumentara jurídicamente la medida. Pero Pablo Lòpez Alavez sigue en prisión.

La Comisión para la Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca detectó el 16 de diciembre de 2010 la «existencia de violaciones a los DH de Pablo López Alavez y de un agravio al interés de la sociedad». Otra recomendación, la 11/2015, señalando que la condena de Pablo López Alavez està llena de irregularidades, no evitó en noviembre de 20l8 la confirmación de 30 años de cárcel. Ya el 13 de octubre de 2010, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), organización indígena para defender sus derechos por medios exclusivamente no violentos, recurrió en el mismo sentido.

En 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró arbitraria la detención, mediante la opinión 23/2017, por contravenir los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 14, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo consideró que «el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento del Sr. Pablo López Alavez es su actividad como defensor de los derechos humanos de su comunidad, en materia de derechos ambientales. Esto viola su libertad de expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos».

A la vista de todo lo que se ha indicado y de que no ha aparecido ninguna prueba de la culpabilidad del señor Pablo López Alavez, le rogamos Sra. Embajadora, sus gestiones ante los gobiernos federal y de Oaxaca, para que tomen las medidas oportunas para:

• poner en libertad al señor Pablo López Alavez y

• otorgarle una indemnización por los sufrimientos padecidos por él y por sus familiares.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección



INDONESIA

¿Son suficientes diecinueve años en el corredor de la muerte?

Merri Utami, una trabajadora migrante explotada sin saberlo por narcotraficantes en Indonesia, lleva 19 años en el corredor de la muerte. Fue condenada por tráfico de droga en 2002 y 14 años después, fue trasladada ya a la isla de Nusakambangan, Cilacap, donde suelen tener lugar las ejecuciones. La suya se retrasó a causa de la protesta pública y una petición de clemencia hecha por su equipo legal, pero sigue condenada a muerte en Cilacap, esperando clemencia del presidente.

Merri siempre ha insistido en que no sabía lo que llevaba en la bolsa ni la droga encontrada en su maleta. Pese a la brutalidad de la policía y las heridas que le cubrían el cuerpo, siempre se negó a confesar. De hecho, fue manipulada por narcotraficantes profesionales. Como muchas mujeres condenadas a muerte por delitos de drogas, la vida de Merri ha estado marcada por la pobreza, el abuso y la explotación. Se casó muy joven con un home violento y jugador que la pegaba regularmente cuando estaba borracho. Uno de sus dos hijos, un chico, nació con una insuficiencia cardíaca y el coste del tratamiento era muy caro. Merri dejó Indonesia y fue a trabajar como cuidadora a Taipei. Se separó y conoció un hombre de negocios canadiense que le prometió casarse con ella. Fueron de vacaciones al Nepal y en su vuelo de regreso sola a Indonesia fue detenida por la policía y acusada de tráfico de drogas. Un kilo de heroína estaba oculto en la bolsa que el amante le había regalado antes de marchar con un pretexto urgente.

Sin que el tribunal que la condenó supiera nada de sus antecedentes de vulnerabilidad como trabajadora doméstica migrante y con un abogado de oficio, el 20 de mayo de 2002, Merri fue condenada a muerte por importar heroína. Se confirmó en 2003. Poco después de la condena, supo su hijo enfermo había muerto. Merri se enfrentó con coraje a las humillaciones de la cárcel y luchó para hacer su vida tolerable, aprendió jardinería y se convirtió en un miembro activo de la iglésia. En 2016, la trasladaron a la «isla de las ejecucions». Por suerte, el Instituto de Asistencia Jurídica de Indonesia supo de su caso, ofreció sus servicios jurídicos y se apresuró a presentar una petición de clemencia al presidente de Indonesia antes que fuera demasiado tarde. La petición de clemencia ha quedado sin respuesta y, cinco años después, Merri sigue en el corredor de la muerte.

La pena de muerte en Indonesia

Actualmente hay más de 350 reclusos en el corredor de la muerte, la mayoría por delitos de drogas. La pena de muerte está prevista para distintos delitos, asesinato, terrorismo, drogas, robos. De una población de unos 200 millones de habitantes, se calcula que cerca de un millón y medio son drogodependientes. La ley establece pena de muerte para cualquier persona que produzca o comercialice drogas. Después de una moratoria de cinco años, las ejecuciones se reanudaron en 2013, a pesar de los llamamientos de clemencia de diversos líderes mundiales. El actual presidente de Indonesia, Joko Widodo, que tomó posesión en 2014, adoptó una línea dura contra los narcotraficantes y ha reiterado repetidamente que no recibirían el indulto presidencial porque Indonesia se enfrenta a una emergencia real a causa del alto consumo de drogas.

Las ejecuciones tienen lugar de madrugada por fusilamiento y la noticia solo se hace pública más tarde. Los familiares, los abogados y los mismos condenados ignoran la fecha y la hora de la ejecución hasta 72 horas antes. Esta falta de transparencia es devastadora no solo para los presos y sus familias, sino que también puede evitar apelaciones por un retraso de la ejecución.

La mayoría de los ciudadanos está a favor de la pena de muerte, pero el apoyo va disminuyendo a medida que se van conociendo más detalles sobre la realidad de las ejecuciones o aspectos concretos, como juicios injustos. Esto es un buen augurio para una posible nueva moratoria.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 y 0,70 euros).

Fax de la embajada en Madrid: 914 138 994

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . th November 2021

S.E. Mr. Joko Widodo

President of the Republic of Indonesia

Jalan Medan Merdeka Utara Gambir Jakarta 10160 Indonesia

Your Excellency,

As a member/sympathizer of ACAT-Spain/Catalonia, affiliated to the International Federation of the Action of Christians for the Abolition of Torture (FIACAT), following the information received from the Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, I would like to submit to you the situation of Merri Utami, a migrant worker. The woman, in May 2002, was sentenced to death by firing squad for drug trafficking, a sentence confirmed by the Supreme Court in 2003. Since then she has been detained pending the execution of the sentence.

Merri Utami has always pleaded innocent to charge of heroin trafficking in the country and has always claimed she has been a victim of professional traffickers who, unbeknownst to her, involved her. Furthermore, in the trial, defended by a non-competent state-appointed lawyer, the court did not take into account her life situation marked by poverty, the violence of her husband and exploitation.

Considering that already in 2016 the Legal Aid Institute of Indonesia (LBHM) submitted to you a request for clemency, we ask you, since she have been detained for 19 years, to accept the request submitted at that time and grant the pardon to Merri Utami .

Waiting to see my request for clemency accepted, Mr. President, please accept my best regards.

Signature:

Name:

Address:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de noviembre de 2021

Sr. Embajador de la República de Indonesia

Agastia, 65

28043 – MADRID

Sr. Embajador:

Como miembro/simpatizante de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), siguiendo la información recibida del Centre Cornell sobre la Pena de Muerte a Nivel Mundial, me gustaría presentarle la situación de Merri Utami, una trabajadora migrante. La señora, en mayo de 2002, fue condenada a muerte por fusilamiento per tráfico de drogas, una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2003. Desde entonces, está encarcelada en espera de la ejecución de la pena.

Merri Utami siempre se ha declarado inocente de la acusación de tráfico de heroína al país y siempre ha afirmado que fue víctima de traficantes profesionales que, sin saberlo ella, la involucraron. A más, en el juicio, estuvo defendida por un abogado de oficio no competente, y el tribunal no pudo tener en cuenta su situación vital marcada por la pobreza, la violencia de su marido y la explotación.

Teniendo en cuenta que ya en el año 2016 el Instituto de Asistencia Jurídica de Indonesia (LBHM) dirigió al Señor Presidente de la República una solicitud de clemencia, le pido sus gestiones ante el Señor Presidente de la República de Indonesia, para que acepte la solicitud presentada en aquel momento y conceda el indulto a Merri Utami, que lleva ya 19 años encarcelada.

Esperando que me ayude a ver aceptada la solicitud de clemencia, acepte, Señor Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre:

Dirección:

 

 

LLAMADA URGENTE - 23 de setiembre de 2021

MÉJICO

Yonny Ronay, un preso prendido dentro de los engranajes de la injusticia!

El 13 de marzo de 2019, mientras Yonny Ronay Chacón González, estudiante de 22 años y familia humilde, volvía a su casa en Cintalapa, fue detenido en un control en Tuxtla Gutierrez, donde estudiaba. Sin explicaciones, lo llevaron a las instalaciones de la División de investigaciones especiales de la Oficina del fiscal del estado. Denuncia que allí comenzaron las torturas para forzarlo a reconocer un robo. Al día siguiente, lo hicieron aparecer en la prensa local y las redes sociales al lado de armas pesadas para presentarlo como miembro de un gang y autor de un homicidio en otra ciudad de Chiapas, en Villaflores.

Al día siguiente, cuando tenía que haber sido puesto en libertad (el expediente contra él era vacío), lo transfirieron a los servicios del fiscal de Villaflores. Volvieron las torturas, esta vez para forzarlo a confesar el homicidio presentado a los medios el día antes. Fue puesto en detención preventiva en la cárcel de Villaflores, acusado de homicidio agravado y de robo calificado.

¡Todo es aberrante en este caso! Yonny Ronay ha sido detenido de manera totalmente arbitraria. Contra él solo hay pruebas fabricadas. Sus derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo han sido ignorados. Hay muchos testimonios confirmando que se hallaba en Cintalapa el día del homicidio de Villaflores del cual se le acusa. Denuncia las torturas sufridas desde el principio y presenta certificados médicos y testimonios. Pero, la justicia de Chiapas ha ignorado deliberadamente todas estas graves violaciones y acaba de condenarlo, el 6 de setiembre de 2021, a 31 años y seis meses de cárcel.

Los estragos de la guerra contra el crimen

Desde 2006, Méjico es el teatro de violaciones muy graves de los derechos humanos y de crímenes contra la humanidad. La «guerra contra la delincuencia organizada» de los gobiernos sucesivos no ha hecho más que añadir violaciones masivas de los derechos humanos a la violencia de los carteles y otras bandas criminales. La población más vulnerable (jóvenes de barrios pobres, mujeres, autóctonos, migrantes) lo padece más. Los casos de homicidios, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, etc., son alarmantes.

La tortura, una práctica endémica

Policías y militares son generalmente responsables de episodios de tortura, más severos en las primeras horas de las detenciones y traslados. En muchos casos hay agentes de las procuradurías acusados de cubrir detenciones arbitrarias, torturar a los detenidos, fabricar pruebas y proceder a intimidaciones hasta la presentación ante el juez. Muchos casos ponen en evidencia la complicidad de abogados de oficio que callan los atentados contra los derechos de sus clientes y de jueces que no ordenan investigar y condenan a partir de pruebas fabricadas y obtenidas por la tortura.

El agravamiento de la situación en Chiapas

Menospreciando todos los tratados internacionales y leyes nacionales de los últimos años adoptadas para luchar contra la tortura, su práctica continúa, y substituye así las investigaciones científicas, diligentes y respetuosas con los derechos humano. La impunidad de la tortura es muy habitual. Durante el primer semestre, el Centro de derechos humanos Frayba, colaborador de la ACAT-Francia en este estado, ya había registrado 8 casos de tortura. A más, con la excusa del Covid-19, ha aumentado también la obstrucción para la documentación y defensa de las víctimas de la tortura.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 y 0,70 euros).

Fax de la embajada en Madrid: 914 202 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de octubre de 2021

Sr. Alejandro Gertz Manero (o su sucesor/a)

Fiscalía General de la República (FGR)

Avenida Insurgentes, N°20 de la Glorieta de Insurgentes,

Col. Roma Norte - Ciudad de México, C.P. 06700,

MÉXICO

Sr. Procurador General de la República:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención arbitraria y el juicio totalmente injusto que acaba de sufrir Yonny Ronay Chacón González en Chiapas, condenado el 6 de setiembre de 2021 a 31 años y 6 meses de cárcel, siendo inocente.

Este hombre fue detenido ilegalmente el 13 de marzo de 2019 por la División de investigaciones especiales del Buró del Procurador de Chiapas, en Tuxla Gutierrez. Al día siguiente fue presentado como un criminal peligroso en los medios de comunicación y las redes sociales. Al otro día, cuando tenía que ser puesto en libertad, agentes del Buró del Procurador de otra circunscripción de Chiapas, la de Villaflores, lo detuvieron de nuevo, poniéndolo rápidamente en detención preventiva en esta ciudad, acusado de homicidio agravado y de robo calificado.

Hay certificados médicos dando fe de torturas físicas y psicológicas para hacerlo confesar y fabricar pruebas falsas contra él. Diferentes testimonios muestran que el hombre no se hallaba en Villaflores el día del asesinato del cual se le acusa. Sus derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo han sido totalmente ignorados. A su denuncia de tortura no se le ha hecho caso. La justicia de Chiapas ha condenado Yonny Ronay Chacón González a 31 años y medio de cárcel.

Sus propios servicios pueden constatar como las oficinas del procurador de Chiapas fabrican pruebas falsas. En febrero de 2020, sus agentes fueron a interrogar M. Chacón González sobre un testimoniaje que él habría hecho en otro caso en el cual dos hombres están acusados de robo y de transporte ilegal de armas y que los servicios del procurador de Chiapas le transmitieron. Pero, M. Chacón González no podía haber sido testigo de estos hechos pues estaba ya encarcelado en aquel momento. La copia del permiso de conducir adjunta al falso testimoniaje no podía ser transmitida más que por la División de investigaciones especiales de Chiapas, que la había conseguido al detenerlo en marzo de 2019.

Le pido, pues, que quiera actuar rápidamente para:

• la puesta en libertad de Yonny Ronay Chacón González;

• el procesamiento de los autores y cómplices de su detención arbitraria y de los actos de tortura que ha tenido que sufrir;

• la rehabilitación de Yonny Ronay Chacón González y la reparación de los perjuicios sufridos.

Reciba, Sr. Procurador General, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de octubre de 2021

Sra. Embajadora de México

Carrera de San Jerónimo, 46

28014 MADRID

Sra. Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención arbitraria y el juicio totalmente injusto que acaba de sufrir Yonny Ronay Chacón González en Chiapas, condenado el 6 de setiembre de 2021 a 31 años y 6 meses de cárcel, siendo inocente.

Este hombre fue detenido ilegalmente el 13 de marzo de 2019 por la División de investigaciones especiales del Buró del Procurador de Chiapas, en Tuxla Gutierrez. Al día siguiente fue presentado como un criminal peligroso en los medios de comunicación y las redes sociales. Al otro día, cuando tenía que ser puesto en libertad, agentes del Buró del Procurador de otra circunscripción de Chiapas, la de Villaflores, lo detuvieron de nuevo, poniéndolo rápidamente en detención preventiva en esta ciudad, acusado de homicidio agravado y de robo calificado.

Hay certificados médicos dando fe de torturas físicas y psicológicas para hacerlo confesar y fabricar pruebas falsas contra él. Diferentes testimonios muestran que el hombre no se hallaba en Villaflores el día del asesinato del cual se le acusa. Sus derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo han sido totalmente ignorados. A su denuncia de tortura no se le ha hecho caso. La justicia de Chiapas ha condenado Yonny Ronay Chacón González a 31 años y medio de cárcel.

Los propios servicios del Procurador General de la República comprobaron en febrero de 2020 como las oficinas del procurador de Chiapas fabrican pruebas falsas. En aquel momento, estos servicios fueron a interrogar M. Chacón González sobre un supuesto testimoniaje que él habría hecho en otro caso de dos hombres acusados de robo y de transporte ilegal de armas y que los servicios del procurador de Chiapas le transmitieron. Pero, M. Chacón González no podía haber sido testigo de los hechos pues estaba ya encarcelado en aquel momento. La copia de su permiso de conducir adjuntada al falso testimoniaje, no podía ser transmitida más que per la División de investigaciones especiales de Chiapas, que lo tenía en su poder después de haberlo detenido en marzo de 2019.

Le pido, pues, sus gestiones ante los gobiernos federal y de Chiapas para conseguir:

• la puesta en libertad de Yonny Ronay Chacón González;

• el procesamiento de los autores y cómplices de su detención arbitraria y de los actos de tortura que ha tenido que sufrir;

• la rehabilitación de Yonny Ronay Chacón González y la reparación de los perjuicios sufridos.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

LLAMADA URGENTE - 10 de setiembre de 2021

ARABIA SAUDÍ

Salman al-Awdah: 4 años de detención incomunicada

Detenido el 10 de setiembre de 2017, está preso e incomunicado desde entonces y ha sufrido numerosos malos tratos que han empeorado mucho su salud. El 10 de setiembre de 2021 se han cumplido cuatro años de la detención del predicador reformista Salman al-Awdah. Su detención fue una reacción directa a un tuit en que expresaba su deseo de que terminara la crisis política entre Qatar y Arabia Saudí, después de la ruptura diplomática entre Arabia Saudí y muchos de sus aliados por una parte y Qatar por la otra, en junio de 2017. Dos otros religiosos reformistas, Awad al-Qarni y Ali al-Omari, también están detenidos. El hermano de Salman, Khaled, está detenido por haber revelado en twitter la detención del religioso. El resto de la familia residente en Arabia Saudí no puede salir del territorio nacional, mientras a uno de sus hijos, Abdullah Alaoud, residente en Washington D.C., se le ha rechazado la renovación de su pasaporte saudí.

Salman al-Awdah está detenido en una incomunicación larga. Las celdas de aislamiento están reguladas en el Conjunto revisado de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el trato de los detenidos y no se pueden utilizar más que como a último medio y por una duración máxima de 15 días. La incomunicación de duración indeterminada tal como la conoce al-Awdah, está prohibida, pues es asimilable a un trato cruel, inhumano o degradante, o un acto de tortura, según las circunstancias. Detenido en la prisión central de Dahban, cerca de Djeddah, después en la de Hayer, cerca de Riyad, desde finales de 2019, al-Awdah ha soportado muchos malos tratos durante los primeros meses de detención: privación de dormir, interrogatorios repetidos, falta de visitas y de tratamientos médicos. También ha estado encadenado y con los ojos tapados varias veces. En enero de 2018 tuvo que ser llevado al hospital. Al mes siguiente, pudo contactar con su familia y recibir su visita por primera vez. A causa de las duras condiciones de detención, sus parientes han constatado una degradación alarmante de su salud: ha perdido la mitad de la vista y el oído, y lo han visto muy débil y delgado. Preocupa su estado psíquico, pues decía cosas incoherentes y parecía completamente sometido, asintiendo a todo lo que se le decía, temiéndose que pueda firmar confesiones infundadas a causa de su situación sanitaria y psíquica. De mayo a setiembre de 2020, ha estado completamente privado de relaciones exteriores (llamadas y visitas). Al día de hoy, la última conversación telefónica con su familia es del último ramadán (abril-mayo de 2021).

Al inicio de su proceso ante el tribunal penal especial de Riyad el 4 de setiembre de 2018, el fiscal pidió la pena de muerte en base a 37 cargos. Creado en 2008, este tribunal se encarga normalmente de los casos de terrorismo, permite prescindir de los derechos de la defensa y a un juicio justo, y se utiliza sobre todo para perseguir y condenar a los oponentes y críticos. Hace tres años que el proceso de Salman al-Awdah se eterniza y que las audiencias van siendo retrasadas o avanzadas, muchas veces sin explicaciones. La última audiencia tuvo lugar el 14 de marzo de 2021 en presencia de al-Awdah y no duró más que unos instantes antes de ser retrasada al julio siguiente. La audiencia del 6 de julio de 2021 ha sido finalmente vuelta a retrasar sin más información.

Salman es un miembro eminente del movimiento islamista y reformista Sahwa aparecido en los años 90, opuesto a la presencia de tropas americanas en territorio saudí en respuesta a la invasión de Kuwait por Irak. Es uno de los líderes del Comité para la defensa de los derechos legítimos creado en 1993, uno de los primeros grupos opuestos a la política de la dinastía Saud en Arabia Saudí. Este movimiento se define como un grupo de presión para una reforma pacífica y la mejora de los derechos humanos en un marco islámico y contra la corrupción política. En 1994, Salman fue encarcelado junto con otros miembros de Sahwa por sus actividades pretendidamente anti-gubernamentales. Es un religioso influyente (13 millones de seguidores en twitter) y comprometido en la demanda de una reforma del régimen saudí hacia más democracia y libertad.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,50 y 0,70 euros).

Fax de la embajada en Suiza: +41 (0)22 758 00 00. De la embajada en Madrid, fax: 913 021 145.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de setiembre de 2021

Monsieur Abdulaziz Alwasil

Embajador y Representante permanente de Arabia Saudí ante las Naciones Unidas en Genève

Route de Lausanne, 263

1292 Chambesy

SUIZA

Sr. Embajador:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención incomunicada y la pena de muerte que amenaza Salman al-Awdah.

Por haber expresado pacíficamente sus opiniones, Salman al-Awdah fue detenido el 10 de setiembre de 2017. El ministerio público pide la pena de muerte por 37 cargos, sin que ninguno de ellos se haya hecho público. Otras personalidades como los predicadores Ali al-Omari y Awad al-Qarni se encuentran en una situación análoga.

Sus condiciones de detención son extremadamente difíciles: desde hace cuatro años, está detenido en incomunicación prolongada y tuvo que ser hospitalizado en enero de 2018 a causa de los malos tratos sufridos durante los primeros meses de encarcelamiento. Después de haber comentado la detención de Salman en twitter, su hermano Khalid fue detenido igualmente. Iniciado el 4 de setiembre de 2018, el proceso de Salman Al-Awdah se va retrasando repetidamente en una opacidad total.

Por estas razones, Sr. Embajador, le pido sus gestiones ante el gobierno del Reino de Arabia Saudí, para que quiera:

• hacer que el conjunto de cargos y procedimientos iniciados contra Salman al-Awdah y su hermano Khalid al-Awdah sean abandonados, y que ellos sean puestos en libertad lo más pronto posible y sin condiciones;

• garantizar que en cualquier circunstancia estará asegurada la integridad física y psíquica de Salman al-Awdah, especialmente poniendo fin a su prolongada detención;

• permitir que se pueda beneficiar de los derechos de las personas privadas de libertad (acceso a la atención médica, contacto con los familiares y sus abogados) así como el derecho a un proceso justo como el previsto en los textos internacionales;

• poner final a las amenazas, prohibiciones de viajes y otras formas de acoso contra su familia tanto en territorio saudí como en el extranjero.

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de setiembre de 2021

Sr. Embajador del Reino de Arabia Saudí

Doctor Alvarez Sierra, 3

28033 MADRID

Sr. Embajador:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención incomunicada y la pena de muerte que amenaza Salman al-Awdah.

Por haber expresado pacíficamente sus opiniones, Salman al-Awdah fue detenido el 10 de setiembre de 2017. El ministerio público pide la pena de muerte por 37 cargos, sin que ninguno de ellos se haya hecho público. Otras personalidades como los predicadores Ali al-Omari y Awad al-Qarni se encuentran en una situación análoga.

Sus condiciones de detención son extremadamente difíciles: desde hace cuatro años, está detenido en incomunicación prolongada y tuvo que ser hospitalizado en enero de 2018 a causa de los malos tratos sufridos durante los primeros meses de encarcelamiento. Después de haber comentado la detención de Salman en twitter, su hermano Khalid fue detenido igualmente. Iniciado el 4 de setiembre de 2018, el proceso de Salman Al-Awdah se va retrasando repetidamente en una opacidad total.

Por estas razones, Sr. Embajador, le pido sus gestiones ante el gobierno del Reino de Arabia Saudí, para que quiera:

• hacer que el conjunto de cargos y procedimientos iniciados contra Salman al-Awdah y su hermano Khalid al-Awdah sean abandonados, y que ellos sean puestos en libertad lo más pronto posible y sin condiciones;

• garantizar que en cualquier circunstancia estará asegurada la integridad física y psíquica de Salman al-Awdah, especialmente poniendo fin a su prolongada detención;

• permitir que se pueda beneficiar de los derechos de las personas privadas de libertad (acceso a la atención médica, contacto con los familiares y sus abogados) así como el derecho a un proceso justo como el previsto en los textos internacionales;

• poner final a las amenazas, prohibiciones de viajes y otras formas de acoso contra su familia tanto en territorio saudí como en el extranjero.

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección

 

 BIELORRUSIA


 

ADA URGENTE EUROPEA - mes de agosto de 2021


La represión todavía aumenta

El régimen del presidente Loukachenko ha reforzado aún más la represión contra la sociedad civil, cada vez más acosada y ahogada. La represión del estado se centra particularmente contra las asociaciones de derechos humanos y los medios de comunicación. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) ha lanzado este final de julio una llamada a las autoridades de Bielorrusia, co-firmada por 161 ONG, para exigir el final de estas persecuciones arbitrarias.

Este nuevo episodio de violencia actúa como represalia por la denuncia de las violaciones de derechos humanos, cometidas después de la violenta represión de los manifestantes pacíficos de agosto de 2020. En este período, se ha detenido a más de 35.000 personas por haber participado en manifestaciones pacíficas, se han abierto unas 3.000 instrucciones penales por motivos políticos y se han documentado al menos 2.500 casos de torturas. La OMCT estima que estas violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos pueden considerarse crímenes contra la humanidad. En 19 de julio pasado, 561 personas se consideraban presos políticos en Bielorrusia.

A mediados de julio de 2021, se habían hecho más de 60 registros policiales en domicilios y oficinas de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de su personal, entre ellos el centro de defensa de los derechos humanos Viasna, dos organizaciones miembros del Comité internacional de investigación sobre la tortura en Bielorrusia, Human Constanta y Legal Initiative, así como el Comité Helsinki de Bielorrusia, la Asociación bielorrusa de los periodistas, el Centro de transformación jurídica Lawtrend, la ONG Ecodom, entre otras. En estos registros se confiscaron documentos, material informático, ordenadores y teléfonos portátiles.

En total, más de 30 personas han sido interrogadas. 13 de ellas han sido detenidas durante 72 horas, oficialmente en el marco de una investigación por perturbaciones al orden público y evasión fiscal. La mayor parte fueron liberadas pronto. Algunas continúan pendientes de una prohibición de salida del país pendiente de examinar. El presidente, el vice-presidente y un abogado de Viasna continúan detenidos. Cuatro otros miembros de Viasna, y un miembro de la oficina de defensa de los derechos de las personas handicapadas, continúan en detención provisional desde finales de 2020 / comienzos del 2021. El centro Viasna, miembro de la red de la OMCT/FIDH, está vigilado por el gobierno de Bielorrusia desde hace más de veinte años.

Las autoridades registraron también los locales de medios de comunicación independientes y los domicilios de su personal, entre ellos Nasha Niva, uno de los diarios más antiguos del país; tres de sus periodistas han sido detenidos. También las oficinas de RFE/Radio Liberty y Belsat, la mayor cadena de televisión independiente cubriendo Bielorrusia, y también algunos de sus periodistas. A finales de julio, 30 profesionales de los medios y docenas de blogueros estaban detenidos.

Los últimos ataques comenzaron al día siguiente de la adopción por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la resolución condenando la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, y exigiendo la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y una investigación sobre los casos de tortura y las otras violaciones de los derechos humanos.

En la propuesta de carta, se pide al presidente Loukachenko que cese la represión y libere todos los defensores de los derechos humanos, periodistas y militantes. Se recuerda que Bielorrusia es parte de la Convención de la ONU contra la Tortura y del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y que estos tratados internacionales protegen los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y prohíben la tortura en cualquier circunstancia. Finalmente, se le agradece la decisión de abril de 2021 de haber conmutado la pena de muerte a los dos jóvenes hermanos Stanislau e Illia Kostseu, tal como se le pidió en octubre de 2020.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,50 i 0,70 euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . th August 2021

 

 

Mr. Alyaksandr Lukashenka

President of the Republic of Belarus

Vul. Karla Marksa, 38

220016 MINSK

Belarus

Dear Mr President:

As a member/supporter of the ACAT-Spain/Catalonia, affiliated to the International Federation of the Action by Christians for the Abolition of Torture (FIACAT), I am writing to you regarding the current situation of human rights and the civil society in Belarus.

I am very worried about the worsening repression by the Belarusian authorities against the civil society and the aggravating situation of human rights in your country, which is deteriorating day after day since the summer of 2020. Mid-July 2021, another wave of raids, house and office searches, arrests and detention against Belarusian human rights defenders and activists brutally took place. Since August 2020, more than 35,000 Belarusians were arrested for participating in peaceful protests, around 3,000 politically motivated criminal cases were initiated, at least 2,500 cases of torture were documented. As of July 19th, 561 persons in Belarus are considered political prisoners. More and more NGOs and journalist corporations are targeted, among which the Human Rights Centre Viasna, the Belarusian Helsinki Committee, the Belarusian Association of Journalists, to name a few. This repression is a blatant retaliation for their work denouncing and documenting ongoing human rights violations since the brutal crackdown against peaceful protesters in the wake of the August 2020 election.

We remind you of the obligations Belarus is bound to respect under the Convention of the United Nations against Torture and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), two Treaties Belarus is a Party of. These international instruments forbid, among others, any act of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and protect the right to liberty and security of a person and the right to freedom of expression, peaceful assembly, and association.

I therefore urge you, dear Mr. President, to stop the harassment, intimidation and repression of critical voices, and to free all unjustly detained human rights defenders, journalists and activists.

On the other hand, I have learned that at the end of April, you have pardoned the brothers Stanislau and Illia Kostseu and commuted their sentence to life imprisonment. I welcome your decision, Mr. President. I hope that your gesture is a sign of willingness to consider soon the abolition of the death penalty altogether in Belarus.

I thank you for the attention you will give to this concern.

Yours respectfully,

Signature:

Name: Address:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de agosto de 2021

Sr. Embajador de la República de Belarus

Caleruega , 81, 2A

28033 MADRID

Sr. Embajador:

Como miembro/simpatizante de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), le escribo sobre la actual situación de los Derechos Humanos y la sociedad civil en Belarus.

Me preocupa mucho el empeoramiento de la represión por parte de las autoridades bielorrusas contra la sociedad civil, y el agravamiento de la situación de los Derechos Humanos, que se va deteriorando día a día, desde el verano de 2020. A mediados de julio de 2021, es produjeron registros y detenciones en domicilios y oficinas contra defensores de los Derechos Humanos y activistas. Desde agosto de 2020, más de 35.000 bielorrusos han sido detenidos por participar en protestas pacíficas, se han iniciado unos 3.000 casos penales de motivación política y se han documentado al menos 2.500 casos de tortura. A partir del 19 de julio, se consideran presos políticos 561 personas en Belarus. Cada vez hay más ONG y corporaciones vigiladas, entre las cuales está el Centro de Derechos Humanos Viasna, el Comité bielorruso de Helsinki, la Asociación Bielorrusa de Periodistas, por citar algunos. Esta represión supone una flagrante represalia por su trabajo denunciando y documentando las violaciones de los Derechos Humanos, en curso desde la brutal represión contra manifestantes pacíficos a raíz de las elecciones de agosto de 2020.

Belarus está obligada a respetar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), dos tratados de los cuales Belarus es parte. Estos tratados prohíben, entre otros, cualquier acto de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y protegen el derecho a la libertad y seguridad de una persona y el derecho a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación.

Le pido, Sr. Embajador, sus gestiones ante el gobierno de la República de Belarus, para que quiera detener el acoso, la intimidación y la represión de voces críticas y quiera también liberar a todos los defensores de los Derechos Humanos, periodistas y activistas injustamente detenidos.

Sé que a finales de abril se conmutó la pena de muerte a los hermanos Stanislau e Illia Kostseu cambiándosela por la de cadena perpetua. Saludo la decisión, Sr. Embajador. Espero que este gesto sea un signo de la voluntad de considerar pronto la abolición total de la pena de muerte en Belarus.

Reciba, Sr. Embajador, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

 

LLAMADA URGENTE - 16 de julio de 2021 (VEN 004 / 0721 / OBS 077.2)

VENEZUELA

Estigmatización, detención arbitraria y criminalización

El Observatorio ha recibido información sobre la estigmatización pública por funcionarios del estado de Venezuela, de José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona, director y miembros de FundaREDES, una ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela. Los tres se encuentran detenidos de forma arbitraria en Caracas, donde estan imputados de «instigación al odio», «traición a la patria» y «terrorismo» desde el 2 de julio 2021.

El día 6 de julio de 2021, en una rueda de prensa, el Fiscal General de la República justificó estas detenciones indicando que estaban vinculadas al trabajo de documentación y denuncia que hace FundaREDES sobre la situación del conflicto armado existente en el estado de Apure, en la frontera colombo-venezolana, entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y grupos de civiles armados, sin mencionar el contexto de opacidad informativa por parte de las autoridades venezolanas. El Fiscal General acusó a los miembros de FundaREDES de «realizar acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz y la seguridad del país». Asimismo, indicó que las denuncias hechas por la organización, así como las intervenciones públicas de su director, José Javier Tarazona, no fueron acompañadas de evidencias, y que su objetivo es, en cambio, «justificar intervenciones extranjeras en el territorio nacional». Finalmente, el Fiscal General afirmó que el trabajo de FundaREDES está dictado por agentes externos que buscan «la desestabilización del gobierno nacional». Todo ello también sin aportar-se ninguna prueba por parte de las autoridades venezolanas.

El 14 de julio, a las 21, la policía entró en casa de José Javier Tarazona, en San Cristòbal, sin abogados ni testigos, ni vecinos. La madre del Sr.Tarazona, Teresa Sánchez, que estaba en la casa, fue detenida durante tres horas, negándolo la policía durante este tiempo, aunque después la devolvieron a su casa. Registraron igual ilegalmente la sede de FundaREDES en la misma ciudad.

Ante ello, el Observatorio rechaza contundentemente estos actos de estigmatización pública contra José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona, que tienen como único objetivo desprestigiar la labor de defensa de los derechos humanos de FundaREDES. Las declaraciones del Fiscal General coinciden con la política de las autoridades venezolanas de presentar sistemáticamente a las personas defensoras de derechos humanos como «enemigos internos», cuyo objetivo es la desestabilización del país y la generación de un clima de odio.

El Observatorio subraya, además, que de acuerdo con FundaREDES, en los últimos nueve meses se han presentado 80 denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, incluyendo denuncias de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y allanamientos indebidos en el estado de Apure. Generalmente, las autoridades no han abierto ninguna investigación. Precisamente, el 2 de julio de 2021, José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona fueron detenidos arbitrariamente al salir de la sede del Ministerio Público en la ciudad de Coro, donde denunciaban el acoso del cual habían sido víctimas en la misma ciudad por parte de funcionarios estatales.

El Observatorio recuerda además que el 18 de junio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a José Javier Tarazona y a su núcleo familiar por la situación de gravedad y los riesgos a los que debe hacer frente por las amenazas y hostigamientos que ha recibido por su defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado venezolano no ha implementado las medidas cautelares, y la persecución y hostigamiento por actores estatales y no estatales contra José Javier Tarazona y los miembros de FundaREDES, se ha acentuado de manera preocupante en los últimos meses. Es preocupante el uso abusivo de la legislación antiterrorista para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela, sin que se quiera aceptar la ayuda de los defensores para conseguir una Venezuela más humana.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 euros). Fax de la embajada: 915 971 583.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de julio de 2021

Sr. Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela

Palacio de Miraflores

av. Urdaneta – av. Norte 10

CARACAS - Venezuela

Sr. Presidente de la República:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención arbitraria de los tres defensores de los Derechos Humanos, miembros de FundaREDES, José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona. Los tres defensores fueron detenidos el día 2 de julio de 2021 en Coro, precisamente al salir de la sede del Ministerio Público del estado Falcón, donde estaban denunciando el hostigamiento del cual habían sido víctimas en la misma ciudad por parte de funcionarios estatales, mientras estaban dando una capacitación a defensores de Derechos Humanos y a la sociedad civil en general.

El día 6 de julio, en una rueda de prensa, el Fiscal General de la República justificó estas detenciones acusándolos de «realizar acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz y la seguridad del país», «justificar intervenciones extranjeras en el territorio nacional» y «buscar la desestabilización del gobierno nacional».

Estas acusaciones caen por su base cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 18 de junio de 2020, otorgó medidas cautelares a José Javier Tarazona y a su núcleo familiar por la situación de gravedad y los riesgos a los que debe hacer frente por las amenazas y hostigamientos que ha recibido por su defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado venezolano no ha implementado las medidas cautelares, y la persecución y hostigamiento por actores estatales y no estatales contra José Javier Tarazona y los miembros de FundaREDES, se ha acentuado de manera preocupante en los últimos meses. Por otra parte, FundaREDES ha colaborado en los últimos nueve meses en la presentación de 80 denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y allanamientos indebidos en Apure. En la mayor parte de los casos no se ha abierto ninguna investigación.

Le ruego, pues, Sr. Presidente, que haga tomar las medidas más apropiadas para:

• adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona, miembros de su familia y de FundaREDES, liberándolos inmediatamente, así como al resto de defensores de los Derechos Humanos detenidos arbitrariamente;

• garantizar el acceso a José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona a los abogados de su elección y a sus familiares;

• aprovechar la ayuda de FundaREDES para avanzar en la promoción de los Derechos Humanos, en vez de estigmatizarla;

• otorgar a Omar García, José Javier y Rafael Tarazona una medida de protección en su carácter de víctima, tal y como está consagrado en la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales y específicamente en los artículos 23 y 120 del código orgánico procesal penal.

Reciba, Sr. Presidente, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección: 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de julio de 2021

Sr. Ministro del Interior, Justicia y Paz

av. Urdaneta – av. Norte 11

CARACAS - Venezuela

Sr. Ministro:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención arbitraria de los tres defensores de los Derechos Humanos, miembros de FundaREDES, José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona. Los tres defensores fueron detenidos el día 2 de julio de 2021 en Coro, precisamente al salir de la sede del Ministerio Público del estado Falcón, donde estaban denunciando el hostigamiento del cual habían sido víctimas en la misma ciudad por parte de funcionarios estatales, mientras estaban dando una capacitación a defensores de Derechos Humanos y a la sociedad civil en general.

El día 6 de julio, en una rueda de prensa, el Fiscal General de la República justificó estas detenciones acusándolos de «realizar acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz y la seguridad del país», «justificar intervenciones extranjeras en el territorio nacional» y «buscar la desestabilización del gobierno nacional».

Estas acusaciones caen por su base cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 18 de junio de 2020, otorgó medidas cautelares a José Javier Tarazona y a su núcleo familiar por la situación de gravedad y los riesgos a los que debe hacer frente por las amenazas y hostigamientos que ha recibido por su defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado venezolano no ha implementado las medidas cautelares, y la persecución y hostigamiento por actores estatales y no estatales contra José Javier Tarazona y los miembros de FundaREDES, se ha acentuado de manera preocupante en los últimos meses. Por otra parte, FundaREDES ha colaborado en los últimos nueve meses en la presentación de 80 denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y allanamientos indebidos en Apure. En la mayor parte de los casos no se ha abierto ninguna investigación.

Le ruego, pues, Sr. Ministro, que haga tomar las medidas más apropiadas para:

• adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona, miembros de su familia y de FundaREDES, liberándolos inmediatamente, así como al resto de defensores de los Derechos Humanos detenidos arbitrariamente;

• garantizar el acceso a José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona a los abogados de su elección y a sus familiares;

• aprovechar la ayuda de FundaREDES para avanzar en la promoción de los Derechos Humanos, en vez de estigmatizarla;

• otorgar a Omar García, José Javier y Rafael Tarazona una medida de protección en su carácter de víctima, tal y como está consagrado en la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales y específicamente en los artículos 23 y 120 del código orgánico procesal penal.

Reciba, Sr. Ministro, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

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MÈXICO

 

Asesinatos y otras violencias

 

El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre el asesinato de Simón Pedro Pérez López, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue presidente en 2020. Las Abejas es un grupo cristiano y pacifista que surgió en 1992 y que trabaja para defender los derechos de los pueblos indígenas maya tsotsil y tseltal, la paz y la búsqueda de justicia.

 

El 5 de julio de 2021, en horas de la mañana, un individuo desconocido en motocicleta asesinó con un disparo directo en la cabeza a Simón Pedro Pérez López en el mercado de la cabecera municipal de Simojovel, en el estado de Chiapas, donde había acudido con su hijo menor de edad. Hasta el momento no se ha recibido información de la Fiscalía sobre el avance en las investigaciones.

 

Como defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez López había acompañado y asesorado a comunidades indígenas que denuncian la violencia estructural y continuada en la región de los Altos de Chiapas y trabajan para la consecución de paz y la justicia. En este sentido, la Misión Civil de Observación en Chiapas ya documentó en diciembre de 2020 los desplazamientos forzados, despojos de tierras, amenazas y hostigamientos que los grupo armados imponen a las comunidades de esta región. Así, por ejemplo, 30 integrantes de Las Abejas pudieron retornar a la Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, en el municipio de Chenalhó, solo en mayo de 2021, tras 21 meses de desplazamiento forzado fuera de la colonia.

 

Se ha sabido que, en lo que va de año, en el municipio de Pantelhó, un grupo criminal asociado a la presidencia municipal perpetró el asesinato de 12 personas, entre ellas un niño, desde el 12 de marzo de 2021 hasta la fecha. Así mismo existe un sinnúmero de personas que se han desplazado de manera forzada, ya sea de manera permanente y/o intermitente, debido al miedo y el riesgo de perder su vida. A principios de mayo de 2021, un grupo criminal llegó a la comunidad San José Buenavista Tercero, municipio de Pantelhó, para cometer un asesinato y desplazar a los habitantes de la comunidad. Retenes, bloqueos e incursiones del grupo criminal, en compañía de elementos de la policía municipal y estatal son un hecho cotidiano. Pobladores de al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó se encuentran en un nivel máximo de riesgo. Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo.

 

Tanto el Estado mexicano como el de Chiapas deben garantizar la vida, integridad y seguridad personal de la población en el estado de Chiapas,  especialmente en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó, entre otros. Ante la casi nula actuación de los gobiernos federal y estatal, que incumplen con el mandato constitucional de garantizar y proteger los derechos humanos, (como son la vida, la seguridad e integridad personal de la población), se han formado grupos de autodefensa para defender a niñas, niños, mujeres y población en general, quienes han tomado la decisión de defender la vida, enfrentándose a los grupos criminales. Estos grupos criminales desde hace aproximadamente seis años ha crecido en poder, gracias a una casi total impunidad institucional de los gobiernos, aunando complicidad y omisión, lo que equivale a la aquiescencia del estado a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

 

La Fiscalía General del Estado de Chiapas tiene conocimiento de la situación, ya que varios habitantes del municipio de Pantelhó han denunciado estas violencias de grupos criminales y su vínculo con las autoridades del municipio. No se conocen resultados de estas denuncias y la impunidad continua.

 

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 i 0,70 euros). Fax de la embajada: 914 202 292.

                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . . .  de julio de 2021

 

 

 

 

 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Palacio Nacional

Plaza de la Constitución, s/n – Centro Cuauhtémoc

CP 06066  -  CIUDAD DE MÉXICO  -  México

Sr. Presidente:

 

 

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la impunidad que vienen teniendo las violencias y abusos contra la población indígena del estado de Chiapas, uno de cuyos últimos ejemplos ha sido el asesinato, el 5 de julio de 2021, de Simón Pedro Pérez López, muerto de un disparo en la cabeza hecho por un desconocido en motocicleta, en el mercado de la cabecera del municipio de Simojovel.

 

Simón Pedro Pérez López era un defensor de los Derechos Humanos, dedicado a los derechos de los pueblos indígenas de Chiapas y miembro de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue presidente en 2020. Las Abejas es un grupo cristiano y pacifista que surgió en 1992 y que trabaja para defender los derechos de los pueblos indígenas maya tsotsil y tseltal, la paz y la búsqueda de justicia. Es triste tener que recordar la impunidad de la cual gozan los grupos criminales que campan a sus anchas por el estado de Chiapas, otro ejemplo de lo cual es la impunidad de que gozan los asesinos de Manuel López Pérez del municipio de Pantelhó en 2015.

 

Por todo ello le ruego, Sr. Presidente, tome las disposiciones más convenientes para que:

          se lleve a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos de Manuel López Pérez y Simón Pedro Pérez López, con el fin de identificar a los responsables intelectuales y materiales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley. La investigación debería priorizar la hipótesis de que estos crímenes sean producto de sus actividades de defensa de Derechos Humanos, tal y como establecen los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos;

          se adopten de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de Las Abejas, así como de todos los defensores de los derechos indígenas y de la tierra y territorio en el estado de Chiapas;

          se ponga fin de manera inmediata a todo tipo de hostigamiento en contra de las personas defensoras de la tierra y del territorio, así como en general en contra de todas las personas defensoras de los Derechos Humanos en México;

          se incluya como tema central en la agenda de Derechos Humanos del gobierno federal, el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender Derechos Humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil.

 

Reciba, Sr. Presidente, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre:                                                      Dirección:

                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . . .  de julio de 2021

 

 

 

 

 

Sra. Embajadora de los Estados Unidos Mexicanos

Carrera de San Jerónimo, 46

28014  -  MADRID

Sra. Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la impunidad que vienen teniendo las violencias y abusos contra la población indígena del estado de Chiapas, uno de cuyos últimos ejemplos ha sido el asesinato, el 5 de julio de 2021, de Simón Pedro Pérez López, muerto de un disparo en la cabeza hecho por un desconocido en motocicleta, en el mercado de la cabecera del municipio de Simojovel.

 

Simón Pedro Pérez López era un defensor de los Derechos Humanos, dedicado a los derechos de los pueblos indígenas de Chiapas y miembro de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue presidente en 2020. Las Abejas es un grupo cristiano y pacifista que surgió en 1992 y que trabaja para defender los derechos de los pueblos indígenas maya tsotsil y tseltal, la paz y la búsqueda de justicia. Es triste tener que recordar la impunidad de la cual gozan los grupos criminales que campan a sus anchas por el estado de Chiapas, otro ejemplo de lo cual es la impunidad de que gozan los asesinos de Manuel López Pérez del municipio de Pantelhó en 2015.

 

Por todo ello le ruego, Sra. Embajadora, sus gestiones ante los gobiernos federal y del estado de Chiapas para que:

          se lleve a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos de Manuel López Pérez y Simón Pedro Pérez López, con el fin de identificar a los responsables intelectuales y materiales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley. La investigación debería priorizar la hipótesis de que estos crímenes sean producto de sus actividades de defensa de Derechos Humanos, tal y como establecen los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos;

          se adopten de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de Las Abejas, así como de todos los defensores de los derechos indígenas y de la tierra y territorio en el estado de Chiapas;

          se ponga fin de manera inmediata a todo tipo de hostigamiento en contra de las personas defensoras de la tierra y del territorio, así como en general contra todas las personas defensoras de los Derechos Humanos en México;

          se incluya como tema central en la agenda de Derechos Humanos del gobierno federal, el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender Derechos Humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.


Firma:

Nombre:                                                      Dirección:




GUATEMALA

LLAMADO URGENTE -EL OBSERVATORIOGTM 002 / 0621 / OBS 068

Asesinatos

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Guatemala.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), sobre los asesinatos de dos mujeres transgénero y defensoras de los derechos de las personas LGBTIQ+: Andrea González, representante legal de OTRANS Guatemala, organización pionera en la defensa de los derechos de las personas transexuales y transgénero, y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), y Cecy Caricia Ixpatá, integrante de la Red Nacional de Personas Trans Guatemala.

El 11 de junio de 2021, en horas de la noche, Andrea González , de 28 años, fue asesinada con arma de fuego por personas desconocidas en el centro histórico de Ciudad de Guatemala. Andrea González había denunciado ante la policía haber recibido amenazas de muerte desde mediados de mayo de 2021. Sin embargo, no se inició ninguna investigación y tampoco se le otorgaron medidas de protección. Asimismo, después de su asesinato se han continuado produciendo actos discriminatorios en su contra, con medios de comunicación y autoridades desconociendo su identidad de género femenina y refiriéndose a la defensora como “persona de sexo masculino”.

El 9 de junio de 2021, dos días antes del asesinato de Andrea González, Cecy Caricia Ixpatá murió en el hospital de Salamá, Baja Verapaz, tras haber sido agredida por dos personas desconocidas en la ciudad de Salamá.

El Observatorio rechaza contundentemente los asesinatos de Andrea González y Cecy Caricia Ixpatá y muestra su más alta preocupación por la violencia física y simbólica ejercida contra las personas LGBTIQ+ y todos aquellos que defienden sus derechos en Guatemala. Esta violencia se enmarca en el desconocimiento y discriminación estructural que enfrentan las personas LGBTIQ+, caracterizada por un acceso desigual a los servicios básicos, crímenes de odio e impunidad, así como por la ausencia de legislación y de una política pública para la garantía plena de sus derechos.

El Observatorio urge a las autoridades de Guatemala a investigar de manera efectiva, imparcial e independiente los asesinatos de Andrea González y Cecy Caricia Ixpatá, a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de quienes defienden los derechos LGBTIQ+, así como a garantizar y reconocer públicamente la diversidad sexual y de género, y la labor de quienes defienden los derechos humanos en Guatemala, incluidos los derechos de las personas LGBTIQ+.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 i 0,70 euros). Fax de la embajada: 914 587 894.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de junio de 2021

Excmo. Señor Alejandro Giammattei Falla

Casa Presidencial

Zona 1, 6ª avenida, entre 5ª y 6ª calle

CIUDAD DE GUATEMALA - Guatemala

Señor Presidente:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la impunidad con la cual en su país se hostiliza, agrede e, incluso, se asesina, a muchos defensores de los Derechos Humanos, particularmente si pertenecen o defienden grupos minoritarios o mal vistos popularmente.

Es un caso reciente el asesinato, el 11 de junio de 2021, de la señora Andrea González, representante legal de OTRANS Guatemala, organización pionera en la defensa de los derechos de las personas transexuales y transgénero, y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS). Otro caso es la muerte, el 9 de junio de 2021, dos días antes del asesinato de Andrea González, de Cecy Caricia Ixpatá, que murió en el hospital de Salamá, después de haber sido agredida por dos desconocidos en la ciudad de Salamá, Baja Verapaz.

Como que estos dos asesinatos pueden atribuirse a la animadversión ancestral contra estos ciudadanos LGTBIQ+ y, a pesar de la legislación vigente, se puede sospechar un posible menor interés de algunos funcionarios policiales en investigar los atentados contra víctimas de este colectivo, hay que hacer inmediatamente las acciones educativas necesarias para conseguir que los funcionarios públicos traten a los ciudadanos hombres, mujeres, gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, etc. de la manera que cualquier persona humana se merece, prescindiendo de su sexualidad. Cualquiera que sea, la orientación sexual de la persona humana no modifica de ninguna manera su dignidad ni sus derechos. Cualquier acción contra estos derechos, ha de perseguirse con total eficacia.

Además de estas medidas urgentes sobre miembros de la administración pública, hay que adecuar también los criterios sociológicos impartidos en las escuelas, para erradicar en un futuro próximo las opiniones ancestrales, haciendo ver a los educandos y a los ciudadanos en general que, como todas las cosas humanas, la sexualidad tampoco es de todo o nada, sino que tiene diferentes grados y que, por tanto, no tiene nada de extraño que se presenten formas alejadas del término medio más frecuente. Estas formas poco corrientes no pueden, pues, desmerecer ninguna persona a los ojos de nadie, y menos a los ojos de los responsables de la buena convivencia ciudadana, la policía.

Le pido, pues, Sr. Presidente, que haga ver que el asesinato de una persona transexual es tan condenable como el de cualquier otra persona y que, por tanto, los sistemas policial y judicial de Guatemala han de perseguirlo y sancionarlo de manera idéntica. Pido así sus órdenes para que se lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre las muertes de Andrea González y de Cecy Caricia Ixpatá, para conocer los responsables de los asesinatos i sancionarlos después de acuerdo con la ley.

Reciba, Sr. Presidente, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de junio de 2021

Sra. Embajadora de la República de Guatemala

Paseo de la Castellana, 178, 6º, izq.

28046 Madrid

Sra. Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la impunidad con la cual en su país se hostiliza, agrede e, incluso, se asesina, a muchos defensores de los Derechos Humanos, particularmente si pertenecen o defienden grupos minoritarios o mal vistos popularmente.

Es un caso reciente el asesinato, el 11 de junio de 2021, de la señora Andrea González, representante legal de OTRANS Guatemala, organización pionera en la defensa de los derechos de las personas transexuales y transgénero, y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS). Otro caso es la muerte, el 9 de junio de 2021, dos días antes del asesinato de Andrea González, de Cecy Caricia Ixpatá, que murió en el hospital de Salamá, después de haber sido agredida por dos desconocidos en la ciudad de Salamá, Baja Verapaz.

Como que estos dos asesinatos pueden atribuirse a la animadversión ancestral contra estos ciudadanos LGTBIQ+ y, a pesar de la legislación vigente, se puede sospechar un posible menor interés de algunos funcionarios policiales en investigar los atentados contra víctimas de este colectivo, hay que hacer inmediatamente las acciones educativas necesarias para conseguir que los funcionarios públicos traten a los ciudadanos hombres, mujeres, gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, etc. de la manera que cualquier persona humana se merece, prescindiendo de su sexualidad. Cualquiera que sea, la orientación sexual de la persona humana no modifica de ninguna manera su dignidad ni sus derechos. Cualquier acción contra estos derechos, ha de perseguirse con total eficacia.

Además de estas medidas urgentes sobre miembros de la administración pública, hay que adecuar también los criterios sociológicos impartidos en las escuelas, para erradicar en un futuro próximo las opiniones ancestrales, haciendo ver a los educandos y a los ciudadanos en general que, como todas las cosas humanas, la sexualidad tampoco es de todo o nada, sino que tiene diferentes grados y que, por tanto, no tiene nada de extraño que se presenten formas alejadas del término medio más frecuente. Estas formas poco corrientes no pueden, pues, desmerecer ninguna persona a los ojos de nadie, y menos a los ojos de los responsables de la buena convivencia ciudadana, la policía.

Le pido, pues, Sra. Embajadora, sus gestiones ante el gobierno de la República de Guatemala para que haga ver a toda la población que el asesinato de una persona transexual es tan condenable como el de cualquier otra persona y que, por tanto, los sistemas policial y judicial de Guatemala han de perseguirlo y sancionarlo de manera idéntica. Pido además sus gestiones para que se lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre las muertes de Andrea González y de Cecy Caricia Ixpatá, para conocer los responsables de los asesinatos i sancionarlos después de acuerdo con la ley.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

COLOMBIA

Represión brutal de las manifestaciones

Después del 28 de abril, la respuesta de las autoridades colombianas a los manifestantes ha sido de una gran brutalidad. Los vídeos permiten ver las fuerzas de seguridad atacando concentraciones pacíficas, cargando contra la gente con armas de fuego y bombas de mano. Los escuadrones móviles antidisturbios (ESMAD) fuertemente armados, pero poco formados, cargan contra la gente con fuego real. Se han contado unos sesenta muertos, más de 2.000 heridos y al menos 120 desaparecidos. Los testimonios de tiros a boca de cañón, de detenciones arbitrarias, de abusos sexuales y de ejecuciones sumarias continúan llegando de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales o Yumbo. Ante el hospital de la ciudad de Popayán, bombas lacrimógenas llegaron hasta algunos pacientes y personal médico. Personal de las Naciones Unidas fue objeto de amenazas y de agresiones!

El contexto: polarización del país

El origen de la protesta fue un proyecto de reforma fiscal. El proyecto aumentaba los impuestos de particulares y empresas, para recoger una recaudación suplementaria en el 2031, equivalente al 2% del PIB. Pese a la retirada del proyecto, la protesta atizada por las violaciones de los derechos humanos, especialmente por las ESMAD, aumenta. La oposición exige ahora una reforma del sistema de salud y el respeto de los acuerdos de paz de 2016. En efecto, la desmilitarización prevista no ha sido completada y la violencia rebrota. El despliegue del ejército ordenado por Iván Duque con idea de controlar «la amenaza terrorista infiltrada» en la protesta, suministra desde ahora una asistencia militar a la policía. Todo ello a pesar de la oposición de las grandes ciudades.

Deriva autoritaria

A un año de las elecciones presidenciales, la pobreza llega ya al 42,5% de la población. Con las barricadas erigidas en la entrada de las ciudades y la militarización, las informaciones oficiales se hacen más escasas y el miedo aumenta, omnipresente. Los manifestantes denuncian los excesos del gobierno, como la concentración extrema de los poderes y el nombramiento de los «hombres» del presidente conservador en los sitios más altos de la administración. Por otro lado, las maniobras de esquiva sobre el proceso por corrupción de Alvarez Uribe, predecesor y mentor de Iván Duque, dividen el país en pleno auge del Covid-19, mientras que los velatorios conmemoran las víctimas caídas en la represión. La represión sistemática no deja ninguna posibilidad de protesta pacífica

 

… de junio 2021

Sr. Iván Duque Márquez,

Presidente de la República de Columbia E-mail: contacto@presidencia.gov.co

Twiter: @infopresidencia

Excmo. Sr Presidente,

Como integrante de la ACAT Bélgica , deseo expresar mi profunda preocupación por los hechos de violencia policial que se están viviendo en Colombia desde el 28 de abril de 2021. Forman parte de las dinámicas represivas aplicadas por su presidencia y sus predecesores ante el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Proceden de una concepción bélica del enemigo interno y resultan en la estigmatización del movimiento social y de derechos humanos.

Respecto a estos todos abusos y violaciones denunciados, le pido que se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes.

En el contexto actual, y en el marco de los acuerdos de Paz del año 2017, es fundamental que las autoridades colombianas adopten medidas inmediatas para garantizar y facilitar el derecho de reunión pacífica en las jornadas de protestas convocadas para los próximos días, incluyendo la protección y salvaguarda de la integridad física y psicológica de las personas que manifiestan, y la atención médica de urgencia que sea requerida.

La ACAT también se dirige a todos los cuerpos de seguridad, a quienes urge a no usar la fuerza letal en ninguna circunstancia, excepto en caso de peligro inminente para la vida. Como indicó el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, “solo la protección de la vida puede cumplir el requisito de la proporcionalidad cuando se utiliza una fuerza letal intencionalmente, y solo la protección de la vida puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”.

Así mismo, es urgente implementar las medidas necesarias para garantizar el monitoreo seguro de las protestas impulsadas por las personas defensoras de derechos humanos, así como el derecho de periodistas y comunicadores a ejercer su derecho a la libertad de expresión, y eso, sin temor a ser sometidos a ataques o acciones intimidatorias. Finalmente, llamamos a crear una

comisión independiente con apoyo técnico internacional para investigar los hechos de violencia, uso indiscriminado de la fuerza, violencia sexual y privación arbitraria de la libertad con tal de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones previstas por la ley.

Le agradezco su atención y le saluda atentamente

.. ……………… (Nombre)

Firma

Dirección

Copia: Embajada de Colombia , Avenue Franklin Roosevelt 96A, boîte 5-6 ,1050 Bruselas, Bélgica

 

 

 

 

LLAMADA URGENTE EUROPEA - mes de mayo de 2021

ISRAEL

El caso de Issa Amro

Issa Amro es un defensor de los derechos humanos reconocido por la ONU, fundador y coordinador de Youth Against Settlements, Jóvenes contra los Asentamientos (YAS), un grupo con base en Hebrón que organiza manifestaciones y acciones contra los campamentos de colonos que están protegidos por soldados muy armados y que con cierta frecuencia acosan a los palestinos residentes en la ciudad. Issa ha estado constantemente sujeto a detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, malos tratos y restricciones de movimiento en los últimos años, por sus actividades de denuncia de violaciones de los derechos a la tierra derivadas de la ocupación israelí en Cisjordania.

Issa, que se inspiró en les tácticas no violentas que hicieron famosos Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr,, fue juzgado por primera vez por un tribunal militar en 2016 por 18 cargos que se remontaban hasta 2010. Los cargos incluían instigación, insultos y participación en una marcha sin permiso después de una protesta pacífica que pedía la reapertura de la calle Shuhada, antiguo centro comercial de Hebrón, a los palestinos. La principal zona comercial, la calle Shuhada, se cerró a los palestinos en 1994, después que el colono judío-americano Baruch Goldstein masacrara 29 fieles palestinos en la mezquita Ibrahimi. Cada año YAS organiza una semana de actividades pidiendo la reapertura de la calle Shuhada. La mayoría de los cargos de 2016 eran históricos, por lo que Issa fue liberado entonces y el juicio se pospuso finalmente. Bajo la ley militar israelí, no hay ninguna vía legal para que los palestinos puedan protestar o manifestarse políticamente.

En setiembre de 2017, Issa fue detenido por la Autoridad Palestina (PA) con cargos de violación de la nueva ley de «crímenes electrónicos» a través de «instigación sectaria», «amenaza a la seguridad del estado» y «creación de sitios web» (art. 20 de la ley sobre la ciberdelincuencia). Los cargos se basaban en «denunciar en facebook la detención de un periodista que pedía la dimisión del jefe de la autoridad palestina». Después de las protestas de las ONGs, Issa fue liberado y el juicio pospuesto a una fecha desconocida. La ley palestina de delitos cibernéticos establece que «si alguna noticia pone en riesgo la seguridad del estado, el editor será castigado con una pena de cárcel por un período no inferior a un año y una multa de entre 1.000 y 5.000 dinares jordanos».

En enero de 2021, Issa fue declarado culpable por el tribunal militar israelí de Ofer por seis cargos, incluyendo los de «participación en una concentración sin permiso», «obstrucción a un soldado» y «asalto». Uno de los cargos de obstrucción se refiere a una sentada sin violencia hecha en 2012 pidiendo la reapertura del antiguo edificio del municipio de Hebrón. Un cargo de asalto por «empujar a alguien» se refiere a un caso cerrado ya desde el 2010, en el cual Issa afirma que era la persona empujada. La fiscalía ha pedido una pena de cárcel suspendida y una multa de importe no determinado. El juez militar decidirá próximamente los términos y condiciones de la sentencia.

El contexto

La ocupación israelí de Cisjordania ha extinguido el interés turístico de Hebrón y su zona comercial tiene la mayor parte de las tiendas cerradas; muchas de las casas palestinas están abandonadas y la zona está patrullada por soldados israelíes. Se han establecido tribunales militares para juzgar a palestinos civiles acusados de delitos definidos principalmente como «delitos de seguridad». Decenas de miles de civiles palestinos han sido juzgados ante estos tribunales militares. La mayoría de los cargos están relacionados con delitos violentos como el lanzamiento de piedras, aunque algunos han sido juzgados por delitos que implican la expresión no violenta de opiniones políticas. Muchos han sido condenados después de confesiones presuntamente obtenidas mediante torturas u otras formas de maltratos, que son sistemáticas durante los interrogatorios. Los condenados cumplen frecuentemente su condena en Israel.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 y 0,70 euros, respectivamente).

Fax del primer ministro: 972-2-5664838. Fax de la embajada: 917 829 555



Mr. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel;

Prime Minister's Office

3 Kaplan St. - P.O.B. 187

Kiryat Ben-Gurion

Jerusalem 91919

Dear Prime Minister:

I am writing to you on behalf of Issa Amro, a UN-recognised human rights worker who founded Youth Against Settlements, a Hebron-based group. He has been continuously subjected to arbitrary arrests and detentions, death threats, ill-treatment and movement restrictions over the past several years, for his activities denouncing land-related human rights violations arising from the Israeli occupation in the West Bank.

I understand that he was first tried in 2016 on 18 charges dating back to 2010. On 26 January 2021 the Military Court of Ofer convicted him on six charges based on «participation in demonstrations without a permit», «obstructing security forces», and «assault» for allegedly pushing a settlement guard. His «crimes» apparently are derived from his peaceful protests at lands rights violations by the occupation authorities, including calling for the reopening of Shuhada Street, the former commercial centre of Hebron, to Palestinians.

I would urge you to ensure that these charges/convictions are dropped and that the state halts all acts of harassment, conducted against him for his human rights activities. The charges for offences that are hardly recognisable in international law appear to violate article 9.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights 1753, which Israel ratified in 1991 (Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law).

Yours sincerely,

Signature:

Name:

Address: 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de Junio de 2021

Sra. Embajadora de Israel

Velázquez, 150, 7º

28002 – MADRID

Sra. Embajadora:

Escribo en favor de Issa Amro, un defensor de los Derechos Humanos reconocido por la ONU y que fundó Youth Against Settlements, un grupo con sede en Hebrón, que trabaja para el reconocimiento de los Derechos Humanos de los ciudadanos de origen palestino. Issa Amro ha sido continuamente objeto de detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, malos tratos y restricciones de movimiento durante los últimos años, a causa de sus actividades de denuncia de violaciones de los Derechos Humanos relacionadas con las tierras, producidas a consecuencia de la ocupación israelí de Cisjordania.

Fue juzgado por primera vez el año 2016 por 18 cargos que se remontaban desde el año 2010. El 26 de enero de 2021, el Tribunal Militar de Ofer lo consideró culpable de seis cargos basados en la «participación en manifestaciones sin permiso», «obstrucción de las fuerzas de seguridad» y «asalto» por presuntamente empujar un guardia de asentamientos. Sus «crímenes» derivan aparentemente de sus protestas pacíficas contra las violaciones de los derechos de las tierras por parte de las autoridades de ocupación, incluida la llamada a la reapertura de la calle Shuhada, el antiguo centro comercial de Hebrón, a los palestinos.

Le pido, Sra. Embajadora, sus gestiones ante el gobierno de Israel para que se retiren estos cargos y condenas y para que se detengan todos los actos de acoso cometidos contra Issa Amro por sus actividades de defensa de los Derechos Humanos. Los cargos, todos por delitos difíciles de precisar en el derecho internacional, parecen infringir el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1753, que Israel ratificó el año 1991 (Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie será sometido a detención arbitraria. Nadie puede ser privado de libertad excepto por los motivos y de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley).

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre:

Dirección



Manos a la obr

 

LLAMADA URGENTE - 12 de mayo de 2021

MARRUECOS

El defensor Hassanna Abba agredido por la policía marroquí

El defensor saharaui de los derechos humanos Hassanna Abba, el 8 de mayo sobre las 4h40, mientras iba a pie a casa de su hermano, fue agredido por policías marroquíes. Se le acercaron con su vehículo oficial para preguntarle a donde iba, antes de empezar a insultar miembros de su familia, cosa contra la cual Hassanna protestó. Cuatro policías bajaron del coche, todos de paisano, para darle golpes en la cabeza, pies y manos. Los policías se fueron enseguida, dejándolo herido y en estado de choque. Fue curado por sus parientes, para evitar el ir al hospital por miedo a ser allí detenido, sabiendo de cierto que los médicos no le darían ningún certificado dando fe de las violencias sufridas.

No es la primera vez que Hassanna es agredido por las fuerzas de seguridad marroquíes. En los años 2010, 2013 y 2017, ya había sido objeto de secuestros, seguidos de agresiones y de actos de tortura particularmente violentos. Muy comprometido en la denuncia de las violencias y violaciones de derechos cometidas por las fuerzas de seguridad marroquíes contra militantes independentistas, Hassanna Abba se sabe vigilado y amenazado como muchos otros militantes y defensores saharauis.

Estas amenazas repetidas no le han impedido continuar comprometido con la defensa de los derechos humanos en el Sahara Occidental, territorio no autónomo según la calificación de las Naciones Unidas y administrado mayoritariamente por Marruecos. Interviene regularmente en el extranjero, principalmente ante órganos de las Naciones Unidas, para presentar la situación de los derechos humanos en Sahara Occidental. Implicado desde hace tiempo en la lucha por la dignidad y la libertad, también es miembro de la Liga para la Protección de los Presos Saharauis (LPPS), de la Asociación Saharaui de las Víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos (ASVDH), de la Asociación para la vigilancia de los recursos y la protección del medio ambiente en el Sahara Occidental y de la Coordinación local de los cuadros superiores saharauis en paro.

El contexto

Los defensores de los derechos humanos en el Sahara Occidental son objeto desde hace muchos años de represiones y represalias por su trabajo de denuncia de las violaciones de los derechos humanos en aquel territorio. Pero, desde el final del alto el fuego el 13 de noviembre de 2020 entre el Frente Polisario y las fuerzas marroquíes después de los incidentes en Guerguerat cerca de la frontera mauritana, la situación se ha agravado. Se constata desde entonces un aumento significativo de los ataques e intimidaciones contra miembros de la sociedad civil saharaui, sean militantes políticos, periodistas o defensores de los derechos humanos. En una comunicación conjunta dirigida al gobierno marroquí hecha pública en el mes de marzo, cuatro procedimientos especiales del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresaban serias preocupaciones, por una multitud de abusos cometidos contra ocho eminentes defensores saharauis de los derechos humanos y lamentaban un «ambiente hostil» al trabajo de defensa de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Estos últimos días han estado marcados por secuestros, agresiones violentas y actos de intimidación contra militantes saharauis. Algunos han sido secuestrados y torturados, antes de ser abandonados en el desierto por las fuerzas de policía marroquíes, a una quincena de kilómetros de Al-A’yun. Otros tienen el domicilio vigilado y bloqueado por la policía, para impedir cualquier contacto con el exterior.

El uso repetido de los mismos métodos de intimidación y de torturas parecen establecer el carácter planificado de estas acciones, hechas para intimidar y dificultar a los defensores saharauis sus acciones legítimas y pacíficas de protección de los derechos humanos. Muchas ONG como Human Rights Watch o Frontline Defenders han señalado el aumento de los actos contra los defensores saharauis. Este nivel de violencia y de represión recuerda los períodos de fuertes tensiones de la intifada saharaui de 2005 y el período que siguió al desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en 2010.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,50 y 0,70 euros). 

 

 

Sr. Josep Borrell Fontelles

Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Extranjeros y la Política de Seguridad

Comisión Europea

200, rue de la Loi

BP-1049 BRUXELLES - Bélgica

Sr. Vicepresidente:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la violenta agresión que sufrió el defensor de los Derechos Humanos saharaui Hassanna Abba la noche del 7 al 8 de mayo, en Al-A’yun. Mientras iba a pie a casa de su hermano, cuatro policías de paisano que circulaban a bordo de un vehículo de la seguridad nacional, lo interpelaron, insultaron antes de golpearlo, dejándolo herido en el suelo y en estado de choque.

La agresión de Hassanna Abba por parte de fuerzas policiales marroquíes está lejos de ser una excepción. En los días que han seguido a su agresión, varios defensores de los Derechos Humanos saharauis han sido secuestrados y torturados antes de ser abandonados en el desierto, como Lahcen Dalil, Babouzaid Mohamed Saeed, Salek Baber y Khaled Bouvfraya.

En una comunicación conjunta hecha pública el mes de marzo último, cuatro procedimientos especiales del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresaban serias preocupaciones, sobre una multitud de abusos cometidos contra ocho eminentes defensores saharauis de los Derechos Humanos, y describían un «ambiente hostil» contra el trabajo de defensa de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental.

Conociendo su declaración del 6 de mayo de 2021, en la cual manifiesta seguir la situación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, le pido que quiera hacer una declaración pública:

• condenando la escalada de la represión por las autoridades marroquíes contra los defensores saharauis y, más en general, contra la sociedad civil saharaui;

• recordando al reino de Marruecos sus obligaciones internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos y, más particularmente, en materia de lucha contra la tortura y los malos tratos;

• pidiendo a las autoridades marroquíes el establecimiento de una investigación independiente sobre las alegaciones de torturas y otras violaciones de derechos sufridas por las víctimas;

• pidiendo a las autoridades marroquíes la supresión de las trabas puestas a las ONG tanto locales como internacionales, a los representantes del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también a los investigadores, periodistas y defensores locales e internacionales para ir al territorio del Sahara Occidental y llevar a cabo allí sus actividades legítimas.

Esperando su respuesta, reciba, Sr. Vicepresidente, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de mayo de 2021

Sra. Embajadora del Reino de Marruecos

Serrano, 179

28002 MADRID

Sra. Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la violenta agresión que sufrió el defensor de los Derechos Humanos saharaui Hassanna Abba la noche del 7 al 8 de mayo, en Al-A’yun. Mientras iba a pie a casa de su hermano, cuatro policías de paisano que circulaban a bordo de un vehículo de la seguridad nacional, lo interpelaron, insultaron antes de golpearlo, dejándolo herido en el suelo y en estado de choque.

La agresión de Hassanna Abba por parte de fuerzas policiales marroquíes está lejos de ser una excepción. En los días que han seguido a su agresión, varios defensores de los Derechos Humanos saharauis han sido secuestrados y torturados antes de ser abandonados en el desierto, como Lahcen Dalil, Babouzaid Mohamed Saeed, Salek Baber y Khaled Bouvfraya.

En una comunicación conjunta hecha pública el mes de marzo último, cuatro procedimientos especiales del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresaban serias preocupaciones, sobre una multitud de abusos cometidos contra ocho eminentes defensores saharauis de los Derechos Humanos, y describían un «ambiente hostil» contra el trabajo de defensa de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental.

Por esto, Sra. Embajadora, le pido sus gestiones ante el gobierno del Reino de Marruecos, para que quiera:

• cesar la represión contra los defensores saharauis de los Derechos Humanos i, más en general, contra la sociedad civil saharaui;

• recordar a todas las autoridades y funcionarios sus obligaciones de protección de los Derechos Humanos y, más particularmente, en materia de lucha contra la tortura y los malos tratos;

• promover las investigaciones judiciales sobre las alegaciones de torturas y otras violaciones de derechos, para sancionar a sus autores y responsables;

• suprimir las trabas puestas a las ONG tanto locales como internacionales, a los representantes del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también a los investigadores, periodistas y defensores locales e internacionales, permitiéndoles llevar a cabo sus actividades legítimas en el Sahara Occidental.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

 

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 MAYO:  llamado urgente ACAT por el defensor medioambiental guatemalteco detenido Sr. Caal Xo

GUATEMALA

Criminalización y detención arbitraria

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), pide su intervención urgente ante la siguiente situación en Guatemala.

Descripción de la situación

El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información sobre la continuación de la detención arbitraria de Bernardo Caal Xol, líder comunitario Maya Q’eqchi y defensor del medio ambiente. El Sr. Caal Xol se encuentra detenido de manera injusta en el Centro Preventivo para Hombres de Cobán, Alta Verapaz, desde el 9 de noviembre de 2018, por su defensa de los ríos Cahabón y Oxec, ante el proyecto hidroeléctrico OXEC en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

El 5 de abril de 2021, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió la audiencia prevista para ese día para conocer el recurso de casación presentado por los abogados de Bernardo Caal Xol, al admitir la recusación en contra de los magistrados de la Cámara Penal presentada por los abogados de la empresa Netzone S.A. La audiencia ha quedado pospuesta sin fecha definida, a la espera de la resolución de la recusación, prevista para el 20 de abril de 2021. Bernardo Caal Xol permanece detenido en el Centro de Detención Preventiva de Cobán.

El Observatorio recuerda que el 30 de enero de 2018, tras prestar declaración en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán por un supuesto delito de «estafa», Bernardo Caal Xol fue detenido de manera arbitraria acusado de «robo agravado», «instigación a delinquir» y «detenciones ilegales con agravaciones especiales» por su presunta implicación en actos de violencia cometidos en octubre de 2015 contra empleados de la empresa contratista Netzone S.A, que trabajaba en la construcción del proyecto hidroeléctrico OXEC.

El 9 de noviembre de 2018, el Juzgado Primero de Sentencia de Cobán condenó al Sr. Caal Xol a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de «detenciones ilegales con circunstancias agravantes» y «robo agravado» como represalia a su legítima defensa de los ríos Cahabón y Oxec y sus denuncias a la violación del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades Q’eqchi de Santa María Cahabón afectadas por el proyecto hidroeléctrico OXEC.

El Observatorio recuerda que el 19 de diciembre de 2018, expertos independientes de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el encarcelamiento del Sr. Caal Xol, calificándolo de «desmesurado» e instando al gobierno de Guatemala a «garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de derechos humanos».

El Observatorio condena la continuación de la detención arbitraria de Bernardo Caal Xol y expresa su preocupación por el impacto que pueden tener en la integridad física y psicológica del defensor las dilaciones de tiempo en la resolución del recurso de casación. En este sentido, el Observatorio subraya que el estado de salud del Sr. Caal Xol se ha deteriorado de manera preocupante desde su detención en 2018, motivado por las malas condiciones de carácter estructural en el Centro de Detención Preventiva de Cobán, entre ellas el hacinamiento, la infraestructura deficiente y la falta de acceso a los servicios básicos de alimentación y salud, que infringen los estándares internacionales en el tratamiento de personas privadas de libertad, como, por ejemplo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, así como la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas condiciones de detención, más aún en un contexto como el actual de pandemia por la COVID-19, podrían ser constitutivas de malos tratos e incluso tortura.

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 y 0,70 euros).Fax de la embajada: 914 587 894.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de mayo de 2021

Excmo. Sr. Alejandro Giammattei Falla

Casa Presidencial

Zona 1, 6ª avenida, entre 5ª y 6ª calle

CIUDAD DE GUATEMALA

Guatemala

Señor Presidente:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención arbitraria del señor Bernardo Caal Xol, líder en la comunidad Maya Q’eqchi y defensor del medio ambiente, que se encuentra injustamente detenido en el Centro Preventivo para Hombres de Cobán, Alta Verapaz, por su defensa de los ríos Cahabón y Oxec frente al proyecto hidroeléctrico de Santa Maria Cahabón, Alta Verapaz.

Los más de tres años transcurridos desde su detención en enero de 2018 y la imputación de unos delitos con definiciones tan faltas de precisión como las de «detenciones ilegales con circunstancias agravantes» y «robo agravado», con las cuales el 9 de noviembre de 2018 le condenó el Juzgado Primero de Sentencia de Cobán, permiten suponer que, en vez de a unos hechos delictivos, la condena responde más bien a una represalia por su legítima defensa de los ríos Cahabón y Oxec, y por sus denuncias a la violación del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades Q’eqchi de Santa María Cahabón, afectadas por el proyecto hidroeléctrico OXEC.

Ello coincide con el hecho de que el 19 de diciembre de 2018, expertos independientes de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el encarcelamiento del señor Bernardo Caal Xol, calificándolo de «desmesurado» e instando al gobierno de Guatemala a «garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de Derechos Humanos».

Por todo ello, le ruego, Señor Presidente, que quiera tomar las disposiciones necesarias para que:

• se ponga en libertad de manera inmediata e incondicional al señor Bernardo Caal Xol;

• mientras ello no ocurra, se respeten los estándares internacionales en las condiciones de detención del señor Bernardo Caal Xol, garantizando su seguridad e integridad física y psicológica y el acceso a los servicios de salud que requiera;

• se respeten las garantías judiciales y, especialmente, se tomen las medidas oportunas para asegurar que el proceso del señor Bernardo Caal Xol sea justo.

• se ponga fin a todo tipo de actos de criminalización y acoso, incluido a nivel judicial, contra todas las personas defensoras de los Derechos Humanos en Guatemala, con una política integral de protección que impida la impunidad de los actos contra ellas.

Reciba, Señor Presidente de la República, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de mayo de 2021

 

 

 

 

Señora Embajadora de la República de Guatemala

P. de la Castellana, nº 178, 6º, izq.

28046 MADRID

Señora Embajadora:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa la detención arbitraria del señor Bernardo Caal Xol, líder en la comunidad Maya Q’eqchi y defensor del medio ambiente, que se encuentra injustamente detenido en el Centro Preventivo para Hombres de Cobán, Alta Verapaz, por su defensa de los ríos Cahabón y Oxec frente al proyecto hidroeléctrico de Santa Maria Cahabón, Alta Verapaz.

Los más de tres años transcurridos desde su detención en enero de 2018 y la imputación de unos delitos con definiciones tan faltas de precisión como las de «detenciones ilegales con circunstancias agravantes» y «robo agravado», con las cuales el 9 de noviembre de 2018 le condenó el Juzgado Primero de Sentencia de Cobán, permiten suponer que, en vez de a unos hechos delictivos, la condena responde más bien a una represalia por su legítima defensa de los ríos Cahabón y Oxec, y por sus denuncias a la violación del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades Q’eqchi de Santa María Cahabón, afectadas por el proyecto hidroeléctrico OXEC.

Ello coincide con el hecho de que el 19 de diciembre de 2018, expertos independientes de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el encarcelamiento del señor Bernardo Caal Xol, calificándolo de «desmesurado» e instando al gobierno de Guatemala a «garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de Derechos Humanos».

Por todo ello, le ruego, Sra. Embajadora, sus gestiones ante el gobierno de la República de Guatemala, para que quiera tomar las disposiciones necesarias para que:

• se ponga en libertad de manera inmediata e incondicional al señor Bernardo Caal Xol;

• mientras ello no ocurra, se respeten los estándares internacionales en las condiciones de detención del señor Bernardo Caal Xol, garantizando su seguridad e integridad física y psicológica y el acceso a los servicios de salud que requiera;

• se respeten las garantías judiciales y, especialmente, se tomen las medidas oportunas para asegurar que el proceso del señor Bernardo Caal Xol sea justo.

• se ponga fin a todo tipo de actos de criminalización y acoso, incluido a nivel judicial, contra todas las personas defensoras de los Derechos Humanos en Guatemala, con una política integral de protección que impida la impunidad de los actos contra ellas.

Reciba, Sra. Embajadora, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre: Dirección:

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OJO CAMERÚN   Detención arbitraria de un bloguero camerunés

Paul Chouta, bloguero camerunés, está encarcelado desde el 28 de mayo de 2019 por «difamación y propagación de noticias falsas». Hace cerca de dos años que está en detención provisional en la cárcel, sobrepoblada, de Kondengui, en Yaoundé. Su proceso, en curso, se va posponiendo regularmente. Las autoridades rehúsan arbitrariamente dejarlo en libertad provisional.

El 28 de mayo de 2019, alrededor de las 20h00, Paul Chouta, gestor de la plataforma digital «El TGV de la info» en facebook y repórter para CameroonWeb, el sitio privado de informaciones más visto del Camerún, fue detenido sin orden judicial, por cinco agentes de la policía judicial, de paisano, en Yaoundé, por una denuncia por «difamación» presentada por la escritora franco-camerunesa Calixthe Beyala. El 10 de junio, fue acusado oficialmente de «difamación, de propagación de noticias falsas y de discurso de odio». Al día siguiente, se abandonó el cargo de «discurso de odio» y se le trasladó a la prisión de Kondengui en Yaoundé, en espera de su proceso.

Se le acusa de haber difundido en las redes sociales un vídeo de Calixte Beyala en pleno altercado con un hombre. Calixthe Beyala afirma que Paul Chouta y otros individuos, no identificados, pronunciaron palabras difamatorias sobre su vida personal en las redes sociales y en la página de informaciones de «El TGV de la info» que gestiona Paul Chouta. De las siete personas implicadas en la difusión de este vídeo solo se ha detenido a Paul Chouta.

Hasta hoy, el juicio de Paul Chouta se ha aplazado más de 20 veces, por motivos diversos, uno de ellos la incomparecencia de la demandante, alargando indefinidamente la detención provisional. En enero de 2021, se aplazó cerca de un mes esperando un informe sobre la admisibilidad de elementos de prueba. Cuando el proceso se reanudó a primeros de febrero, la audiencia se interrumpió de nuevo a causa de un desacuerdo sobre admisibilidad de otra cuestión.

Si se le considera culpable, Paul Chouta está en riesgo de hasta seis meses de prisión y una multa de 2.000.000 francos CFA (2.800 euros) por «difamación», y hasta cinco años de cárcel y una multa de 1.000.000 francos CFA (1.400 euros) por «propagación de noticias falsas».

Su detención preventiva es una sanción completamente desproporcionada para los hechos por los cuales se le acusa. Mantenerlo detenido parece más una represalia de las autoridades contra un periodista muy seguido en el Camerún y la diáspora, pero también muy crítico con el poder. La justicia camerunesa tendría que poner fin a su acoso judicial, eliminando los cargos contra él y liberándolo. La ACAT-Francia considera Paul Chouta como un preso de opinión.

Un bloguero próximo a la oposición camerunesa

Antes de su detención, Paul Chouta ya ha sido regularmente objeto de amenazas anónimas y de expresiones de odio en las redes sociales por sus reportajes críticos frente al régimen y su presidente Paul Biya. Paul Chouta es uno de los principales blogueros políticos en facebook, con una página personal que se acerca a los 60.000 abonados, y la gestión de la página «EL TGV de la info» que cuenta más de 189.000 abonados. También alimenta debates sobre cuestiones controvertidas y difunde informaciones que los medios de comunicación del estado prefieren ignorar. Al margen de la elección presidencial de octubre de 2018, en la cual apoyó al Movimiento para el Renacimiento del Camerún (MRC), principal partido de la oposición, Paul Chouta se ha visto obligado a cambiar de domicilio por razones de seguridad. El 31 de enero de 2019, de madrugada, tres desconocido lo agredieron violentamente ante su casa, teniendo que ir al hospital por heridas en la cabeza, en las manos y en los pies, hechas antes de que los vecinos consiguieran hacer huir a los agresores.

Adjuntamos dos propuestas de carta. Fax de la embajada: 915 712 504

Tenéis el llamado original de ACAT-Francia en francés, el llamado y cartas en español y la carta al Presidente en francés.

SELLOS:  Carta al Presidente   - sello tipo C  - 1,60€     y    Carta a la embajada – sello tipo C  - 0,70€

Président de la République

Présidence de la République

Palais de l’Unité – 1000 Yaoundé

Cameroun

Monsieur le Président de la République,

À la suite d’informations reçues de l’ACAT-France, je tiens à vous exprimer mes plus vives préoccupations concernant la détention arbitraire de M. Paul Chouta, blogueur politique camerounais, arrêté le 28 mai 2019, sans mandat, à Yaoundé, à la suite d’une plainte pour « diffamation ».

Alors que le délai maximum de la garde à vue au Cameroun est de 96 heures, Paul Chouta y a été maintenu treize jours.

Le 10 juin 2019, il a été officiellement accusé de « diffamation et de propagation de fausses nouvelles » et transféré à la prison de Kondengui dans l’attente de son procès.

Cela fait près de deux ans que Paul Chouta est maintenu en détention provisoire. Son procès, en cours, est régulièrement ajourné et les autorités judiciaires lui refusent toute liberté provisoire de manière arbitraire.

Sa détention préventive est une sanction complètement disproportionnée par rapport aux poursuites dont il fait l’objet. Son maintien en détention semble s’apparenter à une forme de représailles à l’égard d’un blogueur populaire, très critique vis-à-vis des autorités camerounaises.

En tant que garant du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux ratifiés par le Cameroun, je vous exhorte à veiller à ce que la justice camerounaise mette fin à la détention préventive de Paul Chouta et au harcèlement judiciaire disproportionnée dont il fait l’objet.

Paul Chouta doit être rapidement libéré et les charges retenues contre lui abandonnées.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l’expression de ma haute considération.

Copie : Son Excellence Monsieur André Magnus Ekoumou, Ambassadeur du Cameroun, 73 rue d'Auteuil, 75016 Paris

                                           

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de abril del 2021

S.E.M. Paul BIYA

Presidente de la República

Présidence de la République

Palais de l’Unité – 1000 YAOUNDÉ

Camerún

Sr. Presidente de la República:

Conociendo los hechos a través de la ACAT-España/Cataluña, afiliada a la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), me preocupa mucho la detención arbitraria del señor Paul Chouta, bloguero político camerunés, detenido en Yaoundé el 28 de mayo de 2019, sin orden de detención, por una denuncia por «difamación».

A pesar de que el plazo máximo de la detención preventiva en el Camerún es de 96 horas, Paul Chouta estuvo detenido así durante trece días. El 10 de junio de 2019, fue acusado oficialmente de «difamación y de propagación de noticias falsas» y transferido a la prisión de Kondengui en espera de su proceso.

A más, hace ya cerca de dos años que Paul Chouta es mantenido en detención provisional. Su proceso, en curso, está siendo aplazado regularmente y las autoridades judiciales no le quieren permitir que espere el juicio en libertad provisional. Su detención provisional es una sanción completamente desproporcionada a los hechos que se le imputan. Su mantenimiento en detención parece más una forma de represalia contra un bloguero popular, muy crítico frente a las autoridades camerunesas, que no hace nada más que exponer pacíficamente sus opiniones políticas.

En tanto que garante del respeto a la Constitución y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Camerún, le pido, Sr. Presidente de la República, que quiera velar para que la justicia camerunesa ponga final a la detención provisional de Paul Chouta y al acoso judicial desproporcionado del cual es objeto. Deben, pues, abandonarse los cargos contra él y ponerlo en libertad rápidamente.

Reciba, Sr. Presidente, mis más respetuosos saludos.

Firma:

Nombre:

Dirección:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIETNAM

Condiciones de detención, tortura, penas de muerte

Nos han llegado muchas noticias de tratos y juicios inicuos en Vietnam.

El 9 de enero de 2020, a las 4 de la madrugada, el barrio de Dong-Tam en la capital de Vietnam Hanoi, fue rodeado por 3.000 policías llegados para confiscar las tierras por la fuerza. Los policías comenzaron por fusilar al jefe de la comunidad en su cama. Otros residentes fueron atacados también mientras dormían. Más tarde, las autoridades acusaron los residentes de haberse resistido a las fuerzas de policía y de haber muerto a tres agentes.

Según los exiliados vietnamitas, es poco probable que los residentes sean responsables de la muerte de los policías. Es posible que los policías hubieran caído en los grandes agujeros o que hubieran muerto accidentalmente por tiros de otros policías. Las autoridades siempre han rehusado que se hiciera una investigación independiente. Hasta hoy todavía, los residentes padecen consecuencias sanitarias a causa de una utilización masiva de gas lacrimógeno.

Durante esta operación, la policía retuvo a 29 personas. 19 de los 29 acusados habrían sido torturados para extorsionarles confesiones. Parece que 13 de ellos han sido liberados con penas condicionales. Los que aún siguen encarcelados están detenidos en condiciones inhumanas.

El 8 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo de Hanoi confirmó, en un proceso de apelación, los juicios hechos contra 6 personas en setiembre de 2020. Aún una vez más, los abogados sufrieron limitaciones en su trabajo.

Las sentencias de muerte contra Le Dinh Cong y Le Dinh Chuc, los hijos del decano de pueblo asesinado, han sido confirmadas. Según fuentes de la organización Viet Tan, Le Dinh Doanh, padre de los jóvenes y otros inculpados han sido condenados a cadena perpetua o a muchos años de cárcel.

El 23 de junio de 2020, la militante de los derechos sobre las tierras Can Thi Theu, y sus hijos, Trinh Ba Phuong y Trinh Ba Tu, fueron detenidos después de haber publicado en las redes sociales la situación de los residentes en Dong-Tam.

Independientemente del caso Dong-Tam, el 20 de enero de 2021, el Tribunal Popular de Hau Giang condenó la militante de los derechos humanos Dinh Thị Thu Thuy a 7 años de cárcel por una pretendida propaganda contra el estado según el artículo 117. Dinh Thị Thu Thuy está detenida desde el 18 de abril de 2020. La madre de una hija de 9 años se había comprometido para la protección medioambiental.

Un temor importante se refiere al encarcelamiento de la médica Huynh Thi To Nga y de su hermano Huynh Minh Tam. El 28 de noviembre de 2019, el tribunal popular de Dong Nai los condenó a 5 y 9 años de cárcel. Huynh Thi To Nga y su hermano se habían mostrado críticos en facebook, particularmente sobre el tema de la corrupción.

https://viettan.org/en/international-community-demands-justice-for-the-people-of-dong-tam/

https://www.youtube.com/watch?v=6mNJminxbew

https://www.rfa.org/english/news/vietnam/dongtam-03092021133122.html https://www.courrierinternational.com/article/conflit-foncier-au-vietnam-la-peine-de-mort-prononcee-contre-deux-villageois

Adjuntamos dos propuestas de carta (sellos de 1,60 y 0,70 euros, respectivamente).

Fax de la embajada: 914 157 067


.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . th April 2021

H.E. Nguyen Phu Trong

Secretary, Communist Party of Vietnam

2 Hung Vuong

Ba Dinh, Ha Noi

VIET NAM

Dear Mr. President,

Reports of serious human rights violations in Vietnam fill me with great concern.

On 8 March 2021, the Ha Noi High Court has upheld the September 2020 sentences against residents of Dong Tam’s commune. The court also upheld the death sentences against Le Dinh Cong and Le Dinh Chuc, the sons of slain commune leader Le Dinh Kinh. Le Dinh Doanh was sentenced to life imprisonment along with others. Similarly, the other sentences of several years’ imprisonment were upheld.

The land rights activist Can Thi Theu and her sons, Trinh Ba Phuong and Trinh Ba Tu, have also been detained since 23 June 2020, for their comments on the Dong Tam’s crackdown.

On 20 January 2021, the Hau Giang People’s Court sentenced the human rights defender Dinh Thi

Thu Thuy to 7 years in prison for alleged propaganda against the state.

The detention of doctor Huynh Thi To Nga and her brother Huynh Minh Tam is also a cause for concern. On 28 November 2019, the Dong Nai People’s Court sentenced them to 5 and 9 years in prison respectively. The siblings had made critical comments on facebook, particularly about corruption.

I call on you to prevent the execution of the death sentences and to guarantee humane treatment to all detainees. As the persons mentioned have been sentenced in unfair trials, I appeal to you to release the prisoners immediately. Retrials of the events in Dong Tam should only be conducted after an independent investigation and in accordance with international standards.

I thank you for the attention you will give to this concern.

Yours respectfully,

Signature:

Name:

Addres


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . de abril de 2021

Sr. Embajador de la República Socialista de Vietnam

Av. de Alfonso XIII, 54

28002 MADRID

Sr. Embajador:

Los informes de violaciones muy graves de los Derechos Humanos sucedidas en Vietnam, me causan una gran preocupación.

El 8 de marzo de 2021, el Alto Tribunal de Ha Noi confirmó las sentencias que en setiembre de 2020 se dictaron contra residentes del barrio de Dong Tam. El tribunal también confirmó las sentencias de muerte contra Le Dinh Cong y Le Dinh Chuc, hijos del líder del barrio asesinado Le Dinh Kinh. Le Dinh Doanh fue condenado a cadena perpetua juntamente con otros presos. Igualmente, se confirmaron las otras sentencias a diversos años de cárcel.

La activista por los derechos de la tierra Can Thi Theu y sus hijos, Trinh Ba Phuong y Trinh Ba Tu, també han estado detenidos desde el 23 de junio de 2020, por sus comentarios sobre la represión de Dong Tam.

El 20 de enero de 2021, el Tribunal Popular de Hau Giang condenó el defensor de los Derechos Humanos Dinh Thi Dij Thuy a 7 años de cárcel por presunta propaganda contra el estado.

Las detenciones de la doctora Huynh Thi To Nga y de su hermano Huynh Minh Tam también son causa de mi preocupación. El 28 de noviembre de 2019, el tribunal popular de Dong Nai los condenó a 5 y 9 años de cárcel, respectivamente. Los dos hermanos solo habían hecho comentarios críticos en facebook, sobretodo sobre casos de corrupción.

Le pido, Sr. Embajador, sus gestiones ante el gobierno de la República Socialista de Vietnam para evitar la ejecución de las condenas a muerte y para garantizar un trato humano a todos los detenidos. Como que todas las personas citadas han sido condenadas en procesos injustos, pido también que todos los condenados sean liberados inmediatamente. El nuevo enjuiciamiento de los hechos de Dong Tam solo se han de llevar a cabo después de una investigación imparcial e independiente, y totalmente de acuerdo con las normas de justicia internacionales.

Le agradezco la atención que ha prestado a mi preocupación.

Respetuosamente,

Firma:

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