NO MÁS CIE. Por el cierre de los centros de internamiento y contra la apertura de nuevos
Los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIEs, funcionan casi como las cárceles, peor en realidad. Acumulan episodios trágicos e infinitas denuncias por parte de organizaciones sociales: vulneración de derechos, ingreso de menores, hacinamiento, malos tratos, etc.
Hay muchísimos informes que cuestionan su funcionamiento y su eficacia, ya que la mayoría de las personas son puestas en libertad después de pasar unas semanas; algunas han estado hasta 2 meses encerradas.
Durante el confinamiento, por el COVID19, se cerraron y se liberó a las personas encerradas. Era imposible devolverlas a su país de origen y tampoco se podía cumplir con las medidas sanitarias mínimas.
Ahora, con la “nueva normalidad” y, a medida que se re-abran las fronteras internacionales, parece que volverán las órdenes de expulsión y los internamientos.
Pedimos
- Cierre definitivamente estos centros: hay alternativas
- Que nunca se encierre a personas en situación de vulnerabilidad
- Nunca deberían entrar en un CIE
- Jóvenes cuya mayoría de edad no se puede certificar; la ley prohibe internar a menores de edad
- Personas que necesitan protección internacional y que tendrían que poder pedir asilo en el momento de su identificación
- Personas con indicios de padecer problemas de salud física o mental
- Personas con indicios de haber sido objeto de trata
- Tampoco deberían entrar personas extranjeras, con domicilio y redes de apoyo en España. Y, desde luego, nunca se debería internar a personas que tramitan su regularización en las oficinas de extranjería.
- Los CIE no tienen capacidad para implantar medidas de distanciamiento y prevención higiénica suficientes. Acondicionarlos supondría un gran esfuerzo económico (ya tenían denuncias por deficiencias estructurales) y hasta que se encuentre una vacuna para el COVID19 es muy previsible que las situaciones de confinamiento de la población se repitan.
- El internamiento tiene que ser siempre la última opción. Es una medida cautelar que roza la inconstitucionalidad y su aplicación práctica, es arbitraria e injusta; no tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad particulares. La ley ya prevé alternativas.
Además, con la situación de crisis económica derivada de la pandemia, es muy difícil que se produzca un “efecto llamada”. Durante la última crisis España fue más país de emigración y de tránsito que de inmigración.

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